domingo, 21 de febrero de 2016

Los niños tienen que poder reconocer un abuso sexual”



18 FEBRERO 2016
El caso Maristas, de presuntas agresiones sexuales, con 10 denuncias a los juzgados y 6 acusados, de momento, ha dejado al descubierto las carencias del sistema para detectar estos y otros tipos de abusos y matractaments infantiles. Los protocolos que sirven para que diferentes departamentos se coordinen al mismo tiempo de prevenir y evitar la pederastia, no han servido de nada. Legalmente un juez no puede investigar de oficio este tipo de delito. Estos casos sólo van a juicio si el afectado quiere, por lo tanto sin denuncia es imposible hacer nada. Pero si los Mossos y la Fiscalía, como es el caso, están alertados sí pueden recurrir a la dirección deneral de la Infancia y la Adolescencia para que proteja a los menores. La prevención, una vez más se perfila como el arma para evitar casos como los de los Maristas, y eso pasa por la enseñanza. Para la conselleria y para la educación que reciben a los niños. Un factor clave para Maria Jesús larios, adjunta al Síndico por los derechos de los niños y los adolescentes.
Maria Jesús Lario, adjunta al Síndico
¿Qué ha fallado en el caso de los Maristas?
Para mí la clave es que el departament de Ensenyament es el firmante de este protocolo. La conselleria d’Ensenyament firma este protocolo y como tal ella es responsable, como cualquier otro departamento, de hacer cumplir este protocolo. Y en ningún momento se hace ninguna distinción de centros públicos y concertados. Ni en este protocolo ni en lo que tienen de conjunto Ensenyament i Benestar Social, que es del 2012. No se hace ninguna distinción, por lo tanto yo creo que eso no admite demasiada discusión.

Para mí la clave es que el departament d’Ensenyament es responsable de hacer cumplir este protocolo
¿Por qué las escuelas no tienen este conocimiento? ¿Se ha producido un error del departament d’Ensenyament de no explicar este protocolo a todos los centros?
En general en el tema de abuso sexual infantil, de maltrato infantil, hay falta de información. En general, entre los profesionales de escuelas, de servicios sociales, de todo tipo. Desde el año 2009 hacemos un informe extraordinario sobre protección y una de las cosas que se dice es que las escuelas tienen la obligación de detectar maltratos. Pero las escuelas, a veces, los profesionales y, seguramente con razón, por falta de recursos, y porque defienden que su función es la docencia, no han hecho tan suya la detección de maltratos. Nosotros siempre hemos combatido esta idea.

¿Qué dice el protocolo sobre el papel de las escuelas?
El protocolo las sitúa como agente de detección y de protección. Porque el protocolo no olvidamos que viene del caso Alba. El caso Alba era una niña que iba a la escuela y había dado signos de desatención. Alba daba signos de desatención muy claros y eso no se comunicó. El protocolo sitúa a la escuela como un actor de defensa de derechos y detección de maltratos. Falta que haya una verdadera asunción de este rol, un conocimiento por parte de maestros, claustros, consejos escolares, etcétera. Y también, que haya una verdadera formación en los propios niños.

Los niños tienen que reconocer qué es un beso dado por una persona que le quiere o qué es un beso que no le tienen que dar
¿Cómo se tiene que explicar a los niños y niñas?
Los niños deben saber que hay maltratos. Qué es el maltrato. Los niños deben poder reconocer qué es un abuso sexual. Tienen que poder reconocer cuando un adulto o un igual se le acerca de manera inadecuada. Tienen que poder saber qué es un beso dado por una persona que le quiere o qué es un beso que no le tienen que dar. Eso lo tiene que poder identificar un niño. Y si no se lo enseñamos no lo sabe identificar. Faltan muchas campañas también con los niños. Qué sepan reconocer qué es lo que no se puede admitir. No olvidemos que es un tema muy complejo porque en el abuso sexual, normalmente, el abusador no es una persona violenta. No es una persona que te está maltratando. Te está haciendo alguna cosa que tú no entiendes que te está pasando. Y los niños tienen que estar formados, y eso es lo que nos falta. No está en las escuelas. Y es una tarea que tiene que asumirla muy claramente el departamento que forma a los niños, independientemente de lo que puedan hacer después otras instancias como Mossos d’Esquadra, es una tarea que tienen que hacer los propios docentes o expertos de las escuelas.

¿Quizás lo más fácil es trabajarlo desde la propia escuela?
La escuela tiene que tener en sus contenidos, ya sean tutorías, ética, educación para la ciudadanía… una formación en derechos a los niños y una formación en lo que son la negación de los derechos, que es el maltrato. La escuela lo tendría que hacer con mucha normalidad. Además, si quieres hacemos campañas y educación sexual, y hacemos todo lo que haga falta, pero la escuela tiene que integrar los derechos de los niños como un conocimiento que tienen que tener los alumnos.

Estamos hablando de un tema que todavía se tabú en según qué tipo de centro. ¿Quizás en algunos tipos de centro más?
Yo no me atrevería a decir que en unos centros más que en otros. En parte, todavía nos cuesta a la sociedad admitir que hay abuso sexual infantil. Hay informes desde el Consejo de Europa, y de Save the Children, muy exhaustivos, que hacen una buena diagnosis. Hay que ser consciente de que el 80% de maltratos infantiles están en el ámbito familiar, y eso cuesta mucho de admitir. Supone un descalabro. Primero hay que admitir que existe y después hay que formar. Si no rompemos esta barrera previa, no haremos formación y yo creo que hay mucha incomodidad en torno al abuso sexual infantil. Hay mucha incomodidad, desconocimiento, y por lo tanto hace falta mucha formación en las escuelas pero también en centros de ocio, de protección; también hace falta que los educadores estén formados.

El protocolo no es una arma mágica
¿Qué ha pasado para que desde que se hace el protocolo el año 2006 hasta ahora no se haya acabado de desplegar, no se haya hecho formación en las escuelas?
Hay una parte de la administración que tiene una continuïdad. Todo eso es una cadena que no se detiene y dentro de esta cadena, lo que reclamamos del departament d’Ensenyament es que haga cumplir el protocolo. Que las normas de funcionamiento de los centros, igual que se les pide que tengan un reglamento de régimen interno, igual que se les reclama aplicar el régimen disciplinario, el decreto de derechos y deberes… también tienen que obligar a conocer los protocolos y a aplicarlos, y a escuchar a los alumnos. Eso también es muy importante. Aparte de formar a los alumnos los tenemos que escuchar. Las escuelas tienen que escuchar más al alumno. Deberían haber canales a través de los cuales el alumno que tuviera un malestar lo pudiera explicar. Las escuelas lo deberían tener como elemento clave, desde que empieza en P3 hasta que acaba la primaria y continúa a la secundaria. Tendrían que haber canales adaptados a cada edad. Porque a veces se centra la docencia en la consecución de conocimiento pero no escuchamos. Y si no escuchamos nunca podremos llegar a protegerlos lo suficiente.

En el caso de los Maristas, la escuela no informa y la DGAIA, por lo tanto, no se entera…
No.

¿En ningún momento?
Según nos ha dicho a nosotros, en ningún momento se le comunica nada en la DGAIA. Es una de las cosas que señalamos como un error del protocolo. Porque la DGAIA tiene una función que le asigna la ley de protección del niño en general. Es la que debe promover la difusión del protocolo, la que tiene que liderar que todo el Gobierno se coordine de manera que cuando haya alguna denuncia se activen mecanismos. Es donde la ley prevé que debería existir un organismo específico para centralizar cualquier denuncia o sospecha de maltrato. La DGAIA, en el caso de los Maristas, no tenia conocimiento pero desde la sindicatura le reclamamos una actitud más proactiva al mismo tiempo de defender a estos niños. Que la sociedad la perciba como la unidad del gobierno que tiene la responsabilidad máxima de defender a los niños, como organismo transversal.

¿Se le puede reprochar alguna cosa a los Mossos, el fiscal y al juez? ¿Hubieran podido hacer alguna cosa más? De oficio un juez no puede actuar si no hay denuncia en estos casos… ¿pero la policía y el fiscal?
La fiscalía hace una intervención y el juzgado de instrucción, una vez la familia denunciante no lo ratifica, lo acaba archivando. La fiscalía, de acuerdo con el artícle 191 del Código Penal, era la única que podía continúa el proceso y no lo hace. Nosotros no podemos valorar esta circunstancia.

Pero la fiscalía hubiera podido avisar la DGAIA…
Aquí sí que hay un tema de protocolos y sí que creemos que hubiera estado bien. Una cosa es el procedimiento judicial, pero planteamos que se debería haber notificado a la DGAIA.

¿Y los Mossos?
Pues, también. Los Mossos son parte firmante del protocolo y también señalamos como un error importante el hecho de que no notificaran a la DGAIA el conocimiento que había tenido de los hechos los Maristas.

¿Hubiera evitado alguna cosa el protocolo? ¿Al menos, evitado los casos más recientes?
El protocolo no es una arma mágica. Prevé que si hay una denuncia se tiene que comunicar a las administraciones. Si no se hace esto primero, el protocolo es papel mojado. Pero si el centro docente lo comunica al departament d’Ensenyament, i el departament d’Ensenyament lo comunica a la DGAI, aquí hay unos actores que pueden desarrollar actuaciones para evitar otros posibles abusos. A mí no me gusta hacer ficción, el qué hubiera pasado si…  Lo que sí que es cierto es que los protocolos lo que hacen es que las partes que tienen responsabilidades diversas en atención a los niños se coordinen y actúen para defender a aquel niño.

Si en un centro hay un acoso grave se tiene que comunicar
¿El protocolo es de obligado cumplimiento?
Es un compromiso que asumen los departamentos. No es una norma jurídica sino que es un compromiso que firman las partes, es un acuerdo. Si un departamento de la Generalitat firma un protocolo se entiende que se obliga a cumplirlo. Ante un hecho tan complejo lo que hace es intentar establecer pautas para coordinarse e informarse mutuamente. Y el protocolo lo que quiere prevenir es que no quede ningún flequillo

Más allá del protocolo hay un decreto que dice que si hay sospechas claras de una situación de maltrato se debe decir. ¿Sería eso lo que acaba obligando a la escuela, no?
Los centros tienen la obligación de avisar de todo aquello importante que ha pasado en relación a los derechos de los niños. Por lo tanto si en un centro hay un acoso grave se tiene que comunicar.

¿Y lo comunican?
Entendemos que la inspección de enseñanza cuando hace el contacto habitual con los centros conoce todo lo que pasa de trascendente en el centro. Y de hecho, para acabar de cerrar este flanco, hemos recomendado que la inspección juegue un papel activo al mismo tiempo para proteger. Que la propia inspección cuando hace su tarea se implique en la observación de supuestos de maltrato pregunte por posibles casos. Pero creemos que las escuelas ya tienen esta obligación.

¿No les han dicho nada los Maristas?
No. Esperamos a ver.

(Fotos: Sergi Alcazar)

Abusan sexualmente de tres niños en guardería del IMSS, en la CDMX

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras hallar los elementos necesarios que prueban abuso sexual contra dos niñas y un niño por parte de personal adscrito a una guardería en la Ciudad de México.
En un comunicado, la dependencia informó que los hechos ocurrieron en 2012, luego de que una de las menores fuera llevada al área de urgencias de su unidad familiar y observaron signos de violencia sexual.
La niña, de 4 años de edad, lloraba mucho, tenía pesadillas, no comía, vomitaba constantemente, volvió a usar pañal, tartamudeaba y no quería que su madre la dejara en la guardería.
En la recomendación la CNDH describe que una de las maestras le introducía el “dedo chiquito” en su “colita (ano) y vagina”. Una semana después, la menor dijo que otra maestra le hacía lo mismo y le pedía que le chupara los pezones; además, ambas maestras la pellizcaban en la axila y la amenazaban para que no dijera lo que le hacían.
En junio de ese año, la madre de la niña presentó denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la PGR.
En la Fiscalía se inició una averiguación previa a la que fueron acumuladas dos indagatorias más, y el 19 de julio de 2014 la autoridad ministerial ejerció acción penal contra tres empleadas de la Guardería, por diversos delitos cometidos en agravio de tres menores de edad.
La CNDH conoció de los hechos y de inmediato ofreció a las víctimas apoyo psicológico por conducto del Programa de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA).
Por su parte, la madre del niño, quien en ese momento tenía 3 años de edad, también presentó queja ante la CNDH, donde señaló los ataques que el infante recibió por parte de dos “maestras” de la Guardería.
El menar le conto a su mamá que una maestra le pegaba, lo pellizcaba, le tocaban “sus huevitos y su pene” y “le pellizcaban su colita”; le mostró fotos de maestras que encontraron en Facebook y reconoció a una de ellas que lo pellizcaba, aventaba y gritaba y a otra más como la que lo tocaba.
La mamá dijo que el menor presentó cambios en su comportamiento tales como pérdida de control de esfínteres, se ponía agresivo, tartamudeaba a pesar de que ya hablaba bien, vomitaba sin razón alguna y en los últimos días se negaba a entrar a la guardería.
Durante la tramitación del expediente, fueron remitidas a esta Comisión Nacional diversas constancias que acreditan que otra menor de edad también había sido víctima de violencia sexual por personal de la Guardería.
La Comisión Nacional contó con elementos suficientes que acreditan transgresiones al principio del interés superior de la niñez y a los derechos humanos a la integridad personal, al normal desarrollo psicosexual, al desarrollo infantil, al trato digno, a un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; al cuidado y protección contra actos u omisiones que pueden afectar su integridad física o psicológica, en agravio de tres menores de edad, como consecuencia de actos de violencia sexual, física y psicológica atribuibles al mencionado personal adscrito a la Guardería del IMSS.
Además, también se acreditó victimización secundaria por servidores públicos de la PGR, en virtud de que ocasionaron que la niña y su madre acudieran al menos en ocho ocasiones, y el niño y su progenitora en seis ocasiones para el desahogo de diversas diligencias, lo que les generó aflicciones y desconfianza.
Entre las recomendaciones que emite la CNDH está que el titular del IMSS, entre otras cosas, la reparación integral de los daños ocasionados a los infantes y sus familiares, atención médica, psicológica y de rehabilitación para restablecer su salud física y emocional, así como inscribir a los dos agraviados y a quien tenga derecho a ello, al Registro Nacional de Víctimas.
Además, se emita una circular dirigida al personal que supervisa las guarderías del IMSS, para que éstas se realicen de manera constante y periódica, se verifique que su personal que tiene contacto con las niñas y niños usuarios respete y garantice sus derechos, así como preservar y resguardar en una base de datos los resultados de las supervisiones que se realicen, y se instalen cámaras de video en las áreas de atención de los infantes.

Contabilizan más de 100 víctimas de pederastia en Oaxaca; a dos años el responsable no recibe sentencia

EMILIO RAMÍREZ Y MAYRA MARTINEZ
Oaxaca, Oax. En Oaxaca las víctimas de pederastia por parte del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, se contabilizan en más de 100, en las 7 poblaciones a las que fue asignado el clérigo por la arquidiócesis de Oaxaca, denunció el Foro de la Niñez Oaxaqueña (FONI).



El representante de la asociación, Alejandro de Jesús Ramírez, señaló que las denuncias por abuso sexual en contra de niños por parte de sacerdotes no es en contra de la iglesia, sino a favor de las víctimas.
Y es que a pesar de que hace más de dos años, el ex sacerdote se encuentra recluido en el penal de Tlaxiaco aún no se le ha dictado sentencia.
Detalló que en el año 2006 se dio a conocer el primer caso de abuso de un niño de nueve años por parte de Silvestre Hernández al ocupar el interinato de la parroquia de Huitzo por seis meses.
Así mismo, agregó se estima que en 2008 fueron 45 niños y un anciano el número de personas abusadas por el clérigo en la población de San Lucas Camotlán, sin embargo, apuntó que la organización ha rastreado más de 100 víctimas.
Por su parte al enterarse de los hechos, el arzobispo de Antequera José Luis Chávez Botello, lejos de proceder en contra del pederasta lo encubrió y premió nombrándolo como decano de Ixtlán, en la Sierra Norte, y como encargado de la parroquia de San Juan y Santa María Ozolotepec, denunció el activista.
En tanto que al sacerdote Apolonio Merino Hernández le es ordenado por el arzobispo dejar de escuchar a las víctimas ya que divide a la iglesia y al clero; y posteriormente es suspendido mediante un decreto canónico firmado por Chávez Botello.
Ante esta situación las organizaciones sociales integrantes del FONI, exigieron la suspensión de Silvestre Hernández y la investigación por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ante el presunto caso de pederastia.
Por lo que el 12 de agosto del 2013 la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría de delitos contra la mujer, ejerció acción penal en contra de Gerardo Silvestre por el delito de corrupción de menores.
De esta manera fue detenido el 29 de noviembre del 2013 y recluido en el penal de Tlaxiaco, fecha desde la cual no se le ha dictado sentencia.
Por la cual, indico que el FONI continúa con su exigencia de justicia para las víctimas y la pena máxima para los responsables de pederastia clerical ya que este delito es cometido en muchas poblaciones de Oaxaca.
Así como castigo a todos los involucrados con su conducta estructural de protección, a quienes se les debe fincar responsabilidad por preferir proteger al victimario en lugar de salvaguardar a las víctimas, declararon integrantes de las organizaciones.
El castigo que no ha llegado a los pederastas en Oaxaca
De golpe la vida les cambió, sus rostros de inocencia, ahora muestran un gesto de enojo, de rabia que no saben como más externar y en un silencio profundo guardan una dura experiencia; son más de cien niños de Oaxaca, víctimas de pederastía.
Desde hace años esperan el "castigo", no el divino, sino el de la justicia, porque dicen que el primero llegará en cualquier momento para todos los curas que detrás de una sotana han cometido abusos contra menores de edad, solapados presuntamente por el arzobispo José Luis Chávez Botello.
La espera ha sido larga, al menos para quienes decidieron denunciar, porque muchos casos más, se guardan como secreto que se llevarán "hasta la tumba", debido a las familias "tradicionalistas" en comunidades indígenas, donde por "vergüenza" y por miedo a la iglesia prefirieron callar.
Por otra parte la reciente visita del papá Francisco a México, despertó la esperanza en las víctimas y sus familias quienes esperaban algún pronunciamiento al respecto, incluso prepararon cartas de petición para el castigo de párrocos abusadores. Sin embargo no hubo trascendencia y la espera sigue siendo una constante.
La demanda es el esclarecimiento y justicia en el caso de estos niños y niñas que fueron abusados sexualmente por el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, que se encuentra recluido desde hace tres años en el penal estatal del distrito de Tlaxiaco.
El Foro de la Niñez Oaxaqueña (FONI) que agrupa a varias organizaciones, ha insistido en sacar a la luz los casos y exigir justicia, reclamó la setencia contra Gerardo Silvestre quien según dijeron cometió sus primeros abusos en el 2006 cuando cubría un interinato de seis meses en la comunidad de San Pablo Huitzo.
Mientras que en Camotlán, comunidad de la Sierra Sur, se han documentado seis abusos por parte del párroco. Familias relatan que a pesar de que las autoridades eclesiásticas fueron notificadas del caso, Silvestre Hernández, fue removido en al menos seis parroquias, pero no fue cesado del cargo ni se escuchó la voz de las víctimas.
No fue hasta noviembre del 2013, cuando se libró la orden de aprehensión, por lo que el sacerdote fue recluido en penal de Tlaxiaco, en donde aún no se le ha dictado sentencia a dos años de proceso.
"Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una pederastía, es un inconsciente, y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia”, dijo el papa Francisco durante su viaje de retorno de México a Roma y es precisamente lo que se preguntan las familias oaxaqueñas, si el Papa aceptó la renuncia de Chávez Botello.
EL Arzobispo de Antequera, dijo que presentaría su renuncia al cargo en esta visita papal. Aunque argumentó que no obedecía a las presiones de familias de víctimas de pederastía ni mucho menos por estos casos durante su administración.
Chávez Botello, es originario de Tototlán Jalisco, fue recientemente denunciado también por el sacerdote Manuel Arias Montes por presuntas amenazas debido a sus declaraciones en donde ha dado a conocer los casos de pederastía que segun han sido encubiertos por el Arzobispo.
A decir del titular de la Fiscalía del Gobierno del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, no existe una denuncia formal contra Chávez Botello, por encubrimiento de pederastas, más sí podrá ser llamado a declarar "como un ciudadano cualquiera" para las investigaciones en torno al caso de Gerardo Silvestre.
Sin embargo, admitió que sí hay una denuncia penal en contra del representante de la iglesia católica interpuesta por el padre Manuel Arias Montes, por lo cual habrá que practicar diligencia.
Por su parte el delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en Oaxaca, Javier Villanueva Hernández, dijo que tampoco tiene registro de ninguna denuncia contra los responsables de este tipo de delito. El delegado estatal de esta dependencia federal dijo que no hay investigación en contra de los señalados por un grupo de curas y organizaciones sociales.
Narcisa Mendoza, originaria de uno de los pueblos de la Sierra, dio a conocer su testimonio a través de una carta en donde dio a conocer que su hijo de tan sólo 14 años de edad fue emborrachado por Gerardo Silvestre, posteriormente fue amenazado de ser remitido a Consejo de Tutela por la denuncia realizada por el abuso en su contra.
La estela de opacidad, corrupción eclesiástica y encubrimiento de la pederastía ha tocado a más de una decena de hombres de la iglesia; algunos señalados por las organizaciones de FONI son: Wilgrido Mayrén Peláez, Francisco Reyes y Pedro Ginés.
¿Que es la Pederastía?
Se considera abuso sexual infantil o abuso sexual a menores a toda conducto en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder.
En su mayoría, los abusadores son varones (entre un 80 y un 95% de los casos) heterosexuales que utilizan la confianza y familiaridad, y el engaño y la sorpresa, como estrategias más frecuentes para someter a la víctima.
La edad promedio de la víctima es entre los 8 y 12 años de edad, etapa en la cual se dan el mayor número de abusos.

Cura que abusó de menores en Edomex y Cancún, destituido


CIUDAD DE MÉXICO apro).- Por órdenes del Vaticano, el cura Heriberto Monroy Camiruaga, fundador del movimiento Misioneros Eucarísticos Marianos bajo el Signo de la Cruz (MECM), fue destituido por haber cometido abusos sexuales.
Así lo informó el obispo de la prelatura Cancún-Chetumal, monseñor Pedro Pablo Elizondo, quien precisó que el MECM tampoco podrá continuar en Quintana Roo.
A su arribo a Cancún, luego de acompañar al Papa Francisco, quien pidió a los obispos “no tener miedo a la transparencia de la iglesia”, el religioso dijo que la santa sede giró instrucciones para expulsar al cura Monroy Camiruaga de la Iglesia católica, asunto que se notificó a la Arquidiócesis Primada de México.
Los otros tres sacerdotes que integran el MECM, dos de ellos vicarios, podrán continuar en la prelatura, pero únicamente como padres diocesanos, mientras las 12 religiosas que integraban la comunidad deberán buscar otro movimiento o la aprobación de la diócesis.
El cura Monroy Camiruaga fue denunciado en el Estado de México, donde ejercía su labor pastoral en Tlalnepantla, de donde también fue expulsado hace dos años por abuso a menores, luego de lo cual migró a Cancún.

miércoles, 17 de febrero de 2016

El éxito de la noticia falsa

Ana Prieto - @anaprieto (Especial para "Río Negro")
Cuenta la historia que el 14 de marzo del 2013, apenas un día después de haber sido elegido como la autoridad máxima de la Iglesia católica, el papa Francisco entró a la basílica de Santa María la Mayor, en Roma, y vio de lejos a su arcipreste emérito, el estadounidense Bernard Francis Law. Se supone que éste saludó con discreción a su santidad, quien decidido a empezar de inmediato con la limpieza de la institución dijo a su comitiva que no quería ver a Law nunca más en esa basílica.
Las razones por las que Francisco habría estado tan incómodo con la presencia de Law se cuentan en la multipremiada película "Spotlight" ("En primera plana") de Thomas McCarthy, en cartelera en los cines argentinos. En el 2001 se le encomendó al equipo de investigación de "The Boston Globe" indagar sobre viejas denuncias y rumores acerca de supuestos abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos en la ciudad de Boston. El resultado de la investigación, desplegado en más de 600 artículos que el equipo comenzó a publicar en el 2002, reveló que por lo menos 79 curas eran responsables de cientos de casos de abuso, en especial de chicos de bajos recursos. Y también afirmó que esos sacerdotes, durante años, habían gozado de la protección y el silencio del entonces arzobispo de Boston, Bernard Francis Law. 
Acorralado por el escándalo y la Justicia, el encubridor de pedófilos presentó su renuncia el 13 de diciembre del 2002. Pero la Iglesia es piadosa y, en lugar de castigar su conducta cómplice, dos años después lo premió con un traslado a Roma y el arciprestazgo de la basílica papal Santa María la Mayor. Todos esos favores llevaron la firma de Juan Pablo II.
Fue el diario italiano "Il fatto quotidiano" el que dio la primicia de que Francisco había prácticamente "exiliado" a Law de la basílica aquel mediodía del 2013. La información, que fue tapa y llevaba el sensacional título "Echen de la basílica a ese cardenal", era irresistible por donde se la mirara: el flamante papa no solo era latinoamericano y jesuita sino que también tendría tolerancia cero para con los lobos que se ocultaban en su rebaño. La imagen mental que proponía la nota de "Il fatto" (un papa decidido que sin dejar de caminar ordenó borrar a Law del templo e incluso mandarlo a un monasterio de clausura) dio rápidamente la vuelta al mundo, y era tan buena noticia que las propias víctimas de abusos fueron las primeras en sospechar que la información era un fiasco.
Y lo era.
Dos días después el vocero del Vaticano, Thomas Rosica, desmintió rotundamente que tal escena hubiera existido. Y no es difícil de comprobar: Law siguió paseándose por la basílica sin que nadie lo molestara y desde el 2015 vive a pocas cuadras de allí, en el magnífico Palazzo della Cancelleria.
Sin embargo, la noticia de que el papa había embestido personalmente contra uno de los grandes pecadores de la Iglesia sigue colgada en la web para quien quiera encontrarla. Con distintos títulos y copetes, ha sido replicada y citada miles de veces, mientras que la desmentida solo aparece unas cuantas. En efecto, quienes tras ver "Spotlight" entren a Google para saber más sobre la vida de Bernard Francis Law se encontrarán sin duda con aquel artículo apócrifo convertido en mainstream.
No deja de ser irónico que la falsa escena de la basílica de Santa María la Mayor vuelva a salir al ruedo con el éxito de un filme que celebra la investigación y las obsesiones periodísticas. Una de las escenas de la película muestra al equipo de "The Boston Globe" repasando miles y miles de planillas repletas de nombres, fechas y lugares y volcando las concordancias en un archivo Excel. Esta labor, que suena tan gris y antipática, es el paraíso del periodista de investigación y se llama chequear información, algo que "Il fatto quotidiano" no hizo.
Y aquí está la trampa: lo más probable es que el diario italiano no haya mentido descaradamente, sino que ante una primicia tan fabulosa los editores hayan preferido no chequear la información o quizás –más grave– no hayan visto la necesidad de hacerlo. En un mundo en el que los equipos de investigación de los periódicos son cada vez más raros, en los que el día a día de la noticia aplasta las ganas de ir más allá, en los que no se valora la necesidad de tener tiempo y en los que la iniciativa propia está desfinanciada será cada vez más complicado distinguir cuál información es falsa y cuál no lo es, sobre todo cuando la máquina de la viralización haya echado a andar. Será cada vez más difícil tirar del hilo del hecho real, encontrarlo y preservarlo. Y sin periodistas que encuentren atractivo y redituable quemarse las pestañas para chequear un dato será cada vez más habitual hacer que una expresión de deseo se convierta en noticia (el papa expulsa a cómplice de abuso sexual infantil de la basílica) y que una noticia de verdad no importe casi nada (el papa no expulsa a cómplice de abuso sexual infantil de la basílica).
(*) Periodista

sábado, 13 de febrero de 2016

PEDERASTIA CLERICAL EN MÉXICO: EL MAPA DE LA IMPUNIDAD




Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– Después de casi nueve años de su denuncia ante el Ministerio Público, Jesús Romero Colín, un joven de 33 años que fue violado cuando tenía 11 por un sacerdote católico, aún espera una orden de aprehensión para su presunto agresor y que el expediente se integre sin defectos.
En su caso existe una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a la Procuraduría General de Justicia capitalina por dilación del Ministerio Público en la integración del expediente, emitida en 2015, una carta del Papa Francisco, un expediente secreto del Tribunal Eclesiástico que determina la culpabilidad de Carlos López Valdés para retirarlo de su ministerio, que la Iglesia se niega a entregar, y hasta un documental que exhibe al presunto culpable.
Jesús Romero sigue libre, perfectamente ubicado en una casa de Cuernavaca, Morelos, sin ser llamado a cuentas por estos hechos que ocurrieron entre 1994 y 1999 en  la Parroquia de San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, Ciudad de México.
Y, a pesar de la recomendación de CDHDF, la Procuraduría capitalina ha argumentado la pérdida de evidencia: un disco con fotografías explícitas del ex sacerdote presuntamente abusando de distintos niños que, como Jesús Romero, fueron monaguillos en la parroquia donde oficiaba las misas de “niños” que se celebran a las 10:00 horas los domingos en todas las iglesias.
 “Si este sacerdote estuviera en la cárcel desde hace ocho años. Ya anduviera saliendo yo creo, pero llevamos ocho años y ni siquiera llegamos al litigio, estamos en la integración. Ocho años, esto habla de intereses y amistades”, dice Jesús en una entrevista con SinEmbargo.
Su historia, asegura, es paradigmática, pues da cuenta del proceso que sigue una víctima de pederastia clerical en México. Las negligencias, los trámites engorrosos, repetitivos, la pérdida de evidencia, la manipulación de información y el intento de la Iglesia Católica por callar a las víctimas para evitar el escándalo.
Como Jesús Romero, existen según el ex sacerdote Alberto Athié Gallo, unos 500 niños que fueron violados por curas en el país durante los últimos 40 años. Todos impunes.
Según las cifras de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales del Clero (SNAP) México, actualmente hay unos 200 casos vigentes.
EL NIÑO QUE QUERÍA SER SACERDOTE 
Jesús Romero estaba en sexto grado de primaria cuando su mamá lo llevó a la Parroquia de San Agustín de las Cuevas para que iniciara su preparación como acólito. No pasaron los tres meses, cuando el niño empezó a soñar con ser sacerdote. El entonces cura Carlos López se acercó a su familia con el pretexto de conducirlo en su vida espiritual.
Primero le pidió permiso a la madre para llevarlo con él a Cuernavaca con el pretexto de enseñarlo a nadar. La mujer accedió. Era el párroco, pero además, amigo de la familia.
En Cuernavaca lo obligó a dormir con él en la misma cama, pero desnudo, porque era antihigiénico acostarse vestido. Ya en la madrugada el niño despertó asustado: el sacerdote le tocaba sus genitales, pero el pequeño, confundido, quiso creer que el cura estaba dormido y no sabía lo que hacía.
Al día siguiente sólo hubo silencio y el regreso a la Ciudad de México. Ese fue sólo el inicio de una larga cadena de abusos sexuales, violaciones, corrupción y pederastia. Jesús Romero fue víctima de varios delitos.
Una semana después del regreso del viaje a Cuernavaca, Carlos López visitó de nuevo a la madre de Jesús. La familia compuesta por el padre, la madre y seis hijos era de escasos recursos. El sacerdote propuso llevarse con él al niño a vivir a la casa cural, para pulir su deseo de ser cura, con la oferta de que se encargaría de los gastos que se generaran de los estudios del muchacho.
La madre aceptó y el niño se mudó a sus 11 años  a la casa de Carlos López, en donde vivían otros muchachos con él. Uno de ellos desde los seis años.
“Empezaron los abusos: primero toqueteos, luego sexo oral y luego penetración, fue paulatino. Es complicado porque sientes que tienes que aguantar como esa misión que te tocaba. Es parte de lo que te enseña la religión católica ‘aguanta el sufrimiento, luego viene el cielo’. Me daba mucho miedo, no había palabras, todo ocurría en silencio en las noches y en el día era sacerdote y era casi mi papá”, dice.
Unos meses después del inicio de las violaciones, el niño lo cuestionó. La respuesta fue que “lo quería mucho”. Por eso lo ultrajaba.
“Le dije: ‘Esto está mal, ¿por qué pasa esto?’, me contestó: ‘Yo te quiero mucho y las personas que se quieren mucho, así se demuestran su cariño’. Yo estaba muy ignorante en eso, mis papás nunca me habían hablado de sexualidad”, cuenta.
Los abusos cesaron cuando Jesús tenía 16 años y se convirtió en un adolescente con problemas de drogas y alcohol.
“A los 16 años se cortan los abusos. Yo tengo mi habitación y no pasa nada. Yo lejos de defenderme le reclamaba, era agresivo cuando veo que abusa de más niños. Llegué a empujones, casi golpes. Yo era un problema ya para él”, narra.
Jesús siguió viviendo en la casa. Testigo de los abusos a otros menores. Descubrió pornografía infantil en la computadora del cura: fotos de sexo explícito con él cuando era niño y con otros niños.
Había de todo, relató: penetración de él a los niños y de los adolescentes a él. Sexo oral y toda serie de vejaciones. El sacerdote los hacía posar con ropa interior y compartía las fotos por correspondencia con otros hombres.
Jesús descubrió incluso una carta: “Te mando esta tanga para que se la pongas a chuchín”, le decía un remitente desconocido.
Aunque los abusos a otros menores siguieron, Jesús salió de esa casa y continuó con su vida. Fue hasta 2007 cuando denunció.
“Había un niño que yo conocía y que le empezó hacer lo mismo. Me dolió mucho, no quise que terminara como yo”, dice.
Pero con la denuncia no llegó la justicia. La Arquidiócesis  se dio por enterada e inició una investigación interna en el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México que concluyó con la dimisión del ministerio de Carlos López, el 8 de enero de 2011.
Antes de retirarlo del sacerdocio, la Iglesia Católica supo de las prácticas del ex sacerdote.
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Cartas recibidas por Jesús Romero. Fotos: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Cartas recibidas por Jesús Romero. Fotos: Francisco Cañedo, SinEmbargo
El 13 de septiembre de 2007, el Obispo Auxiliar Jonas Guerrero envió una carta de “extrañamiento” al cura pidiéndole por cuarta ocasión que acudiera a “Casa Damasco”, para recibir atención psiquiátrica, no para evitar más víctimas, sino para evitar el escándalo.
“El día 03 de abril [2007] se te entregó la amonestación canónica para que ‘cambies de conducta y evitar el escándalo’ y volví a recomendarte que te presentaras con Mons. Marcelino Hernández para tu atención médica. Cada vez más preocupado por tu salud integral [física, psicológica, moral y espiritual], y dado el descuido e irregularidad como has asumido tu proceso de atención a tu persona y a tu ministerio, me veo en la necesidad de proceder a suspenderte las licencias ministeriales [cc.1333-1338ad cautelam hasta que este proceso administrativo haya concluido”, dice la misiva.
Jesús Romero y su abogado piden que la Iglesia entregue el expediente de la investigación interna al Ministerio Público y que éste, se lo exija legalmente.
EL TRÁFICO DE PEDERASTAS
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Joaquín Aguilar Méndez, director de la Red de Sobrevivientes de Abuso de Sacerdotes ( SNAP, por sus siglas en inglés) México y víctima de abuso sexual del ex sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, indica que alrededor del mundo hay 30 mil personas afiliadas a la organización y que en México actualmente se atienden 200 casos de pederastia, de los cuales 80 por ciento son niños.
De 2006 a la fecha, Aguilar Méndez ha recibido unas 500 denuncias, de las cuales 98 por ciento son casos que jurídicamente ya prescribieron, debido a que a las víctimas de pederastia les es difícil hablar de los abusos.
La mayor parte de los abusos se cometen a niños de entre 9 y 12 años de edad. Nicolás Aguilar, por ejemplo, es señalado de violar entre 90 y 120 niños de entre cinco y 13 años en México y Los Angeles, Estados Unidos.
“Estos casos son muy graves, porque te matan el alma, porque nos enseñan desde pequeños que Dios habla a través del sacerdote. Cuando un sacerdote abusa de ti, significa que Dios está abusando de ti. Así lo ve un niño, cuesta trabajo salir de esto, porque te destruye en moral y principios”, dice.
En el caso de Joaquín, quien acusa de violación a Nicolás Aguilar, cuando tenía 13 años, mientras se celebraba una misa, ha tenido que permanecer en terapia psicológica desde entonces.
Nicolás Aguilar se hizo amigo de la familia, frecuentó al entonces niño desde que tenía 9 años, para abusar de él cuatro años después, cuenta Joaquín.
La violación fue posible gracias a lo que el director de SNAP llama “tráfico de pederastas”,  es decir, el cambio de una diócesis a otra que efectúa la Iglesia Católica cuando se entera de que hay un sacerdote pederasta.
Sin embargo, a pesar de que en 2009 SNAP dio a conocer una lista de 16 curas pedófilos en activo en México, de 65 acusados a nivel mundial, obtenida del Directorio Eclesiástico de la República Mexicana 2009, en la actualidad es imposible localizados debido a que se cambian el nombre y los apellidos.
“De pronto cuando los volvemos a buscar no están. Se cambian los nombres, hacen combinaciones y siguen abusando de niños”, indica.
En cuanto al perfil del abusador sexual explica Joaquín, son personas seductoras y agradables, que eligen a niños con problemas familiares, en muchos casos con una ausencia de figura paterna.
“Los papás deben estar atentos, nunca dejar solos a sus hijos y creerles, porque muchas de las víctimas indican que sus padres nos les creyeron cuando les contaron lo que sucedía”, dice.
En el caso de Joaquín, sus padres reaccionaron inmediatamente y acudieron ante el agente del Ministerio Público a denunciar. Sin embargo, en el proceso hubo desde ofrecimiento de dinero de parte de las autoridades para desistir de la denuncia en contra de Nicolás Aguilar, hasta la defensa encarnizada que hizo la Iglesia Católica del cura.
De acuerdo con un análisis de organizaciones mexicanas para el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de la Nacionales Unidas (ONU), Nicolás Aguilar habría abusado de niños en Los Ángeles California, Estados Unidos, en Puebla y en el  Estado de México sistemáticamente a los largo de sus 30 años como sacerdote, encubierto por  la Iglesia.
En 1997, de acuerdo con el informe firmado por varios organismos de la sociedad civil mexicana, salieron a la luz pública las denuncias de 60 niños abusados de Sierra Negra, Puebla, extremadamente pobres.
“Consta en actas que las víctimas del P. Aguilar que provienen de Sierra negra son extremadamente pobres. Las madres de los pequeños no saben ni leer ni escribir y estaban establecidas junto a sus familias en colonias marginadas de la zona”, cita el documento.
Efrén Alva Cortez, Felipe Vadallares Rivera y decenas más acusan de abuso a Nicolás Aguilar, de acuerdo con el análisis. Aunque se denunció, finalmente no se ejerció ninguna acción penal en contra del cura.
“El proceso de los Niños de Sierra duró un total de cuatro años y reposa en archivos bajo el número 6/1998. El párroco fue sentenciado a un año de prisión por ‘ataques al pudor’. Sin embargo el cura nunca fue encarcelado, ya que mantuvo su libertad bajo fianza. En el año 2001 la justicia le concedió un amparo para dejar sin efecto dicha condena”, indica el informe.
El informe sigue: “Estas denuncias infructuosas muestran claramente la predisposición de las autoridades mexicanas y del Poder Judicial, de proteger a los curas pederastas en lugar de a las víctimas”.
Nicolás Aguilar pudo burlar a las justicia porque en México lo encubrió en ese entonces el obispo de Tehuacán, Norberto  Rivera Carrera y en Estados Unidos, el cardenal Roger Mahony, denuncia.
“En tan sólo nueve meses abusó de 26 niños. De regreso a México, el padre Nicolás abusó sexualmente de 60 niños más, residentes de distintas comunidades de Puebla”, dice el informe.
En contra de Norberto Rivera existen denuncias por encubrimiento, como la de Valentina Mendoza, madre de tres hijos, presuntas víctimas de Aguilar en Los Ángeles, California.
En Estados Unidos, el 18 de junio de 2009, Joaquín González Rodríguez, de 32 años interpuso una demanda en contra de Nicolás Aguilar por abuso sexual en 1987.
La justicia estadounidense le permitió utilizar el seudónimo de John Doe “quien aún se encuentra sufriendo de gran dolor mental y físico, shock, desasosiego emocional, manifestaciones físicas de desasosiego, vergüenza, pérdida de autoestima, deshonra, humillación e incapacidad para disfrutar de la vida; se ha visto impedido de realizar con plenitud sus actividades diarias y ha incurrido y seguirá incurriendo en gastos para tratamiento médico, psicológico, terapias y asesoría”, dice el informe.
John declaró que cuando fue abusado, conocía al sacerdote desde hace seis meses y que iba a la Iglesia para estudiar el catecismo. En su demanda la víctima acusa al cardenal Roger Mahony, arzobispo de Los Ángeles, California de complicidad.
Una corte federal de Los Ángeles cerró el caso en 2012 y el abogado de John pidió al juez responsable aplazar el caso hasta 2013, pero la solicitud fue rechazada.
De acuerdo con Joaquín Aguilar, víctima de Nicolás en México, cada día hay más denuncias en contra de curas que ofician misas y después violan niños.
El 25 de abril de 2010 El Colegio de Abogados Católicos de México emitió un desmentido a la versión de Joaquín Aguilar.
“El Sr. Joaquín Aguilar Méndez, director en México de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales del Clero (SNAP por sus siglas en Inglés), demandó en octubre del 2006 al Card. Norberto Rivera Carrera ante la Corte Superior de Los Ángeles C.A. Desde entonces, no ha cesado en su campaña de odio, difamación y calumnias contra el Arzobispo de México, argumentando que éste encubrió al ex sacerdote Joaquín Aguilar, siendo que el presunto delito del que se dice víctima aconteció en 1994, cuando el entonces Obispo de Tehuacán Pue. Todavía no era Arzobispo Primado de México”, señala el organismo.
“En honor a la verdad, el Colegio de Abogados Católicos ha decidido poner en evidencia las mentiras de Joaquín Aguilar, quien no sufrió violación alguna y por lo tanto, sus afirmaciones calumniosas contra el Card. Rivera carecen de toda credibilidad”, dice el comunicado.
EL CURA PRÓFUGO DE SAN LUIS POTOSÍ
El ex sacerdote Alberto Athié Gallo denunció el caso el padre Eduardo Córdova Bautista de San Luis Potosí, implicado en al menos 100 casos de abuso sexual en esa entidad en 2014.
“Tiene 30 años con estas actividades, hay muchos papás y mamás, muy dolidos y molestos y no han visto que se haga justicia para sus hijos. Este caso se sabía en la arquidiócesis desde hace mucho tiempo y nunca hicieron nada para entregarlo a las autoridades civiles a pesar de que hay denuncias penales detenidas en los ministerios públicos”, dijo.
El sacerdote fue removido de sus cargos por órdenes de la Santa Sede que lo investigó y determinó su culpabilidad, sin embargo siguió oficiando misas en un asilo de ancianos en total libertad, burlando a la justicia mexicana, indicó.
Después, ese año, se convirtió en un prófugo de la justicia, luego de que los padres de un adolescente, acompañados por el abogado Luis Nava Calvillo, decidieron en 2014 llevar la denuncia no ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEM), cuyo titular era entonces Miguel Ángel García Covarrubias, sino ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
En los hechos tampoco ha habido mucha diferencia, no se tiene noticia de que la averiguación previa haya sido consignada ante un juez, además la integración del expediente se ha visto afectada en su avance por cambios de funcionarios en la PGR.
La Iglesia Católica dice no saber el paradero de Eduardo Córdova, mientras que las víctimas creen que el pederasta fue encubierto por las autoridades religiosas.
EN LA CÁRCEL, PERO SIN SENTENCIA
En Oaxaca, la organización civil Foro Oaxaqueño de la Niñez,  dos sacerdotes y Alberto Athié, denunciaron hace una semana que la Iglesia protege a Gerardo Silvestre Hernández, un cura acusado de haber abusado de unos 100 niños en siete parroquias de comunidades indígenas.
Gracias a la denuncia de una de las familias, el cura está en la cárcel desde 2013, procesado por corrupción de menores, pero sin ser sentenciado.
La Iglesia realizó una investigación a través del Tribunal Eclesiástico y no encontró las pruebas suficientes para encontrarlo culpable de pederastia.
Silvestre está acusado de abusar en 2006 de un niño de nueve años en la parroquia de San Pablo Huitzo.
Alberto Athié acusa al Arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, de encubrir al sacerdote. Incluso de que “alguien” le lleva niños a la cárcel para que lo acompañen a “celebrar” misas.
El cura preso está acusado por la Fiscalía de Oaxaca desde el 12 de agosto de 2013 por abusar de dos niños de la comunidad indígena de Villa Alta, Oaxaca.
Apolonio Merino, sacerdote de una de las parroquias, recibió algunas de las denuncias de los padres de niños violados presuntamente por Silvestre.
El cura inmediatamente avisó al Arzobispo, sin embargo, fue hostigado, amenazado , perseguido y finamente suspendido de su ministerio por la arquidiócesis oaxaqueña.
El padre Jorge Pérez, también fue suspendido por denunciar a Gerardo Silvestre.
“Acudió a mi una persona y un niño, a contar lo que sucedió en la parroquia donde yo estoy en la sierra de Villa Alta. Después de escucharlos para no provocar escándalo, fuimos con el Arzobispo y expusimos la situación. Le pedimos que se investigara, que enviara una comisión de sus más cercanos calibradores, las personas que fueron no fueron las más indicadas. Lejos de descubrir la verdad, amedrentaron a algunos padres de familia diciéndoles que iban a mandar a sus hijos al Consejo Tutelar”, narra.
Al sacerdote, como a Merino, también le llegó un castigo por denunciar el caso del cura Silvestre.
Narciza Mendoza, una de las madres de las víctimas escribió una carta dirigida al Papa Francisco en donde le pide justicia desde la Sierra Juárez Zapoteca:
“Espero que al recibir esta carta, se encuentre bien de salud. Paso a lo siguiente: discúlpeme que haya llegado hasta usted por medio de esta carta dándole a conocer el padre Silvestre hace más de cinco años cometió abusos contra niños zapotecas, entre ellos se encuentra mi hijo de 14 años. El cura los llevaba al curato, los emborrachaba y así abusaba de ellos. Como madre fui a quejarme a las autoridades municipales, se levantó una acta y las autoridades dijeron que ya habían avisado al Arzobispo Botella y que no le habían hecho caso”, relata.
“Cinco de nosotros le dimos seguimiento al caso. Nos fuimos a la ciudad de Oaxaca para que se nos hiciera justicia, por esto no tuvimos solución: fue encubierto. Los sacerdotes salieron a defender al padre Silvestre y decían que era mentiroso, que lo iban a meter a la correccional a mi hijo”, señala.
“Les respondí que con mi hijo no se metieran y que si Jesús dio la vida por nosotros, yo también la daría por mi hijo. El Arzobispo los castigó y los dejó sin trabajo a algunos padres que me apoyaron, no sólo es este caso. En los pueblos en los que trabajó el cura Silvestre, cometió más abusos contra más niños. Le pido justicia para los niños zapotecos y no se vuelva a repetir”, dice la misiva firmada el 5 de noviembre de 2015”, expresa.
MÁS QUE UNA CARTA DEL PAPA
El 19 de julio de 2013 el joven Jesús Romero Colín recibió una pequeña carta del entonces recién nombrado Papa Francisco:
“Sr. Jesús Romero Colín: Tengo recibida su carta. Con dolor, vergüenza, la releí y también con los mismos sentimientos la respondo. Perdón en nombre de la Iglesia, así con sencillez se lo pido. No me sale otra palabra. Rezo por Usted y por todos los que pasaron por ese martirio. Quiero estar cercano. En Usted, y en los que han sufrido lo mismo, veo la cara de Cristo ultrajada. Estoy a su lado y, por favor, le pido que rece por mí. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente, Francisco”.
La carta fue escrita de puño y letra del Papa. Jesús Romero dice que esperaba más: un acto de justicia que hiciera que la Iglesia Católica entregara el expediente interno que tiene sobre el presunto responsable.
“Esperaba que diera alguna orden, como lo hizo en España, pidió que cooperaran y hay inculpados que fueron a parar a la cárcel. Esperaba más que el perdón. Ya muchos sacerdotes me han pedido perdón. El Papa dice que en mi cara ve el rostro ultrajado de Cristo, pero yo espero hechos concretos que se ven en la integración de la averiguación del Ministerio Público. Siguen negándose a entregar todos los documentos necesarios. Ellos tienen a otros sacerdotes que dan testimonio de las conductas de Carlos López y otras víctimas”, indica.
El abogado de Jesús, Luis Ángel Salas Ramírez explica que si la Iglesia Católica cooperara en el caso, ya habría una orden de aprehensión.
“Se niega el expediente de Carlos diciendo que no existe. Pero ya declararon los obispos y aceptaron que sí existe. De ahí nosotros vamos a solicitarlo de nuevo. No sólo la Iglesia ha negado la información, el Ministerio Público ha negado aplicar medidas de apremio”, dice.
Salas Ramírez agrega que el caso de Jesús es emblemático: el MP se niega a abrir una línea de investigación a las personas al interior de la Iglesia Católica que tuvieron conocimiento de los abusos sexuales de Carlos López y, la Iglesia por su lado, busca que sólo sea juzgado el ex sacerdote, pero no el encubrimiento.
El abogado de Romero Colín explica que el caso ha estado plagado de irregularidades. Además de las detalladas por la CDHDF en su recomendación emitida en 2015, la Procuraduría extravió evidencia valiosa.
“Se solicitó un peritaje respecto a un disco fotográfico que en manos de la Procuraduría apareció roto recientemente. Una de las diligencias que solicitamos fue el análisis de metadatos, no solamente que se hiciera el peritaje respecto a la identificación humana, las personas que aparecen en las fotos, que son muy explícitas, sino también de dónde habían provenido esas fotos. Obvio cuando se rompe el disco, se pueden rescatar las fotos, pero no se puede hacer el análisis de metadatos, porque el disco original está roto. En las fotos aparece el padre Carlos con niños desnudos, hay pornografía con varios menores. Se ve explícito”, dice.
El análisis de metadatos era necesario para establecer el vínculo entre el disco y la computadora de Carlos López. Hoy esa prueba no es posible.
De acuerdo con Salas Ramírez el ex cura está ubicado. Se presentó a declarar el pasado 19 de enero ante el MP con su abogado y vive en Cuernavaca.
“Está en Cuernavaca. Esperamos que la Procuraduría ya consigne para que el juez pueda  obsequiar la orden de aprehensión”, indica.