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Según la OMS, este flagelo puede causar depresión, abuso de alcohol y drogas, intentos de suicidio, trastornos de pánico y de estrés postraumático
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La violencia sexual es una de las formas más denigrantes y crueles con las que se vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes. De hecho, es considerada una de las manifestaciones más severas contra la dignidad humana, la integridad y el desarrollo de los más pequeños.
El manejo de teléfonos móviles e internet a temprana pone a los niños niñas y adolescentes en un alto riesgo de violencia sexual. Muestra de esto es un aumento considerable en el número y circulación de imágenes sexuales que involucra menores, práctica conocida como “sexting”.
El informe Hidden in Plain Sight, publicado por la ONU en 2014, estima que cerca de 120 millones de niñas por debajo de la edad de 20 años, aproximadamente una de cada 10, han sido sometidas a actividades sexuales en algún punto de su vida.
A su vez, Unicef presentó un reporte en que señala que alrededor de 15 millones de niñas adolescentes, entre 15 y 19 años, han sufrido de experiencias sexuales forzadas en el mundo. Según el informe hay en el mundo 73 millones de niños y 150 millones de niñas menores de 18 años que sufren violencia sexual en forma de tocamientos y relaciones sexuales forzadas.
La violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no solo para las niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades. Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación, dificultades en la escuela, consumo de tabaco y el uso nocivo de alcohol y drogas.
Según la OMS, el impacto del abuso sexual en la infancia explica aproximadamente un 6% de los casos de depresión, un 6% de los casos de abuso del alcohol y las drogas, un 8% de los intentos de suicidio, un 10% de los casos de trastorno de pánico y un 27% de los casos de trastorno de estrés postraumático, comportamientos y factores de riesgo que pueden contribuir a algunas de las principales causas de muerte, enfermedad y discapacidad.
Durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2016, el Instituto Nacional de Medicina Legal atendió 21.385 casos anualmente. Lamentablemente, el 2017 será recordado como el año que presentó el mayor número de casos por presuntos delitos sexuales en el país; según el informe Forensis 2017, cuya cifra asciende a los 23.798 casos. En relación con lo ocurrido durante el año 2018 se practicaron 22.788 exámenes por presunto delito sexual a menores de 18 años.
Entre las estrategias para mitigar esta problemática se encuentra la reducción de los embarazos no deseados; la mejora del acceso a servicios de atención prenatal y postnatal de gran calidad; la reducción del uso nocivo de alcohol y drogas ilícitas durante el embarazo, así como por parte de los nuevos padres; las visitas de enfermeros y asistentes sociales a los hogares de los niños con alto riesgo de sufrir malos tratos, y la formación de los padres en materia de desarrollo infantil, métodos disciplinarios no violentos y capacidad de resolución de problemas.
Para prevenir y responder a la violencia sexual se deben incorporar a diferentes sectores del gobierno, así como los legisladores, la sociedad civil, los líderes comunitarios, los grupos religiosos, el sector privado, los medios de comunicación y las familias; el fortalecimiento de los sistemas de protección de la infancia a nivel nacional incluyendo leyes, políticas, reglamentos y la prestación de servicios integrales a los niños que son víctimas de estos hechos.
Se necesitan acciones específicas para evitar los abusos, crear conciencia sobre las señales de los mismos y fomentar las denuncias y los castigos contra los agresores. Un sistema de alertas tempranas es determinante para afrontar esta problemática.
