De manera directa y en su mayoría por correos electrónicos, e acudido a diferentes Instancias Públicas y Privadas, a los poderes de la Unión, a la mayoría de las Autoridades competentes sobre el tema, e inclusive e buscado a Organizaciones Internacionales, las que se tomaron la molestia de contestarme, coincidieron en la necesidad de que el Estado Mexicano debe garantizar a las víctimas del delito un trato humano y lo menos burocrático posible, que ésta es una obligación de las autoridades responsables, de procurar y administrar justicia en virtud del mandato constitucional de que todos "tenemos derecho a una justa, pronta y expedita" (Artículo 17 Constitucional).
Sin embargo, e encontrado un retardo injustificado de estas autoridades que hacen de este derecho un privilegio de unos cuantos.
Aunque en materia de procedimientos penales, tanto en el DF, así como en la mayoría de los Estados que conforman la Federación, se cuenta con un ordenamiento que en términos generales señala a las autoridades el camino a seguir en este tipo de procedimientos penales e inclusive les señala al respecto la obligación de brindar un trato digno a las víctimas del delito (apartado B, artículo 20 Constitucional), no ha sido suficiente para que se tenga una respuesta cálida y humanitaria, hacia las víctimas y sus familiares, es por eso, que a la fecha, NO existen las condiciones mínimas necesarias para entablar una Denuncia Penal cuando un menor de edad sufre de algún tipo de abuso sexual, sin revictimar a los que ya fueron victimados.
Ante esta situación particular, la idea de generar una Iniciativa de Ley que abarque las principales necesidades sigue siendo el mejor camino y la mejor estrategia a seguir a corto plazo.
Estamos consientes del complejo camino que esta debe seguir en el Poder Legislativo, como lo fue el coincidir con un Asambleísta que la hiciera suya y la presentara para su Dictaminación en Comisiones, tenemos por lo tanto, puestas todas nuestras esperanzas en su eventual votación y que se obtenga su aprobación, creemos que a pesar de el gran rezago legislativo que enfrenta la Asamblea Legislativa y las "prioridades" que han definido en su agenda legislativa, esta iniciativa de ley prospere.
Habrá que generar una amplia estrategia de cabildeo con Instituciones Públicas y Organizaciones de la Sociedad interesadas en el tema para que apoyen la Iniciativa.
Es para mí fundamental que las Organizaciones que trabajan en contra de la prostitución y la pornografía infantil apoyen con sus recursos y herramientas dicha iniciativa, mientras no exista nadie específicamente atendiendo los casos de abuso sexual a menores en el entorno familiar y trate de generar Políticas Publicas para este gran grupo vulnerable de la Sociedad.
Sigue siendo la principal cuestión el revisar las normas de procedimiento de las Instituciones involucradas en la atención de las víctimas de violencia sexual; obligaciones legales muy concretas en la atención de las víctimas que simplemente no se han observado. Sigue siendo el tema central el cómo hacer cumplir esos preceptos, y obligaciones.
Es por eso que es de suma importancia empezar a presionar como Sociedad Civil a los actores adecuados, a fin de que el presupuesto que será presentado ante la ALDF, tenga una perspectiva de género y suficiente presupuesto para crear una Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales contra el menor con todo lo que conlleva dichas palabras.
Por último, para un servidor, el hecho de que el Diputado Agustín Castilla Marroquín, haya presentado una Iniciativa de Reforma al Código de Procedimientos Penales, al Código Penal y la Ley de Atención y Apoyo a Víctimas del delito, y que contempla en su mayoría muchas de las inquietudes y observaciones que sobre el tema e venido haciendo a lo largo de los meses es de mucha importancia y aliento. Considero que es un esfuerzo concreto de esta temática particular que poco sea hablado y legislado, y que por obvias razones no es muy difundido y apoyado por los sectores influyentes de nuestra sociedad.
Esta Iniciativa dirigida a la Comisión de Gobierno y Diputados integrantes de la IV Legislatura de la ALDF para su análisis, discusión y en su caso aprobación, tiene entre sus principales propuestas las siguientes:
· Que cuando la víctima rinda su declaración cuente con el apoyo de personal especializado en la atención psicológica y emocional de menores, y de igual manera que las diligencias en materia de exploración médica, psiquiátrica o ginecológica, sean practicadas también por personal especializado en el tratamiento de menores, ya que en ocasiones esto puede resultar aún más traumático para la víctima al revivir los momentos de abuso y sufrimiento.
· Que se utilicen medios alternativos como el video- grabación para registrar la declaración principal del menor así como las diligencias, inspecciones, careos que se practiquen, a efecto de evitar toda repetición innecesaria de la información o duplicidad de las actuaciones, pues esta es otra de las causas más frecuentes de la re-victimización.
· Que las audiencias de desahogo de pruebas se lleven a cabo a puerta cerrada y en un lugar apto para los menores, de tal manera que no tengan contacto con el inculpado, e incluso se abre la posibilidad de que la ampliación de declaración la pueda rendir desde su casa para garantizar su estabilidad emocional.
· También se contempla en esta iniciativa que las víctimas u ofendidos puedan oponerse a la repetición de peritajes que vayan en contra de su integridad física, psicológica o emocional.
· Así mismo, se establece que el Ministerio Público o el Juez puedan determinar que los menores no estén obligados a presentarse en el lugar de la inspección.
· En lo relativo a la confrontación o reconocimiento del probable responsable, se propone que el Ministerio Público o Juez se aseguren que el inculpado no vea, escuche o pueda identificar al menor, y a la vez, que el niño tampoco pueda escuchar al inculpado. Asimismo, el menor no podrá ser presionado de ninguna forma u obligado a señalar a persona alguna como culpable del delito, procurando en todo momento la salvaguarda de su estabilidad emocional y psicológica.
· Una de las propuestas más importantes, consiste en facultar a toda persona para que pueda denunciar ante el Ministerio Público cuando se trate de delitos como violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, corrupción de menores, turismo sexual, pornografía, trata de menores o lenocinio.
· Por último, la iniciativa propone que sea reformado el plazo para la prescripción de la pretensión punitiva, ya que en la mayoría de estos casos, las personas abusadas sexualmente en su infancia difícilmente pueden denunciar directamente el delito, al no tener la capacidad para comprender el hecho.
Atentamente.
MIGUEL ADAME VÁZQUEZ.
Ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos.
Abuso sexual infantil, nunca más.
No hay comentarios:
Publicar un comentario