El abuso sexual y la violación a niños y jóvenes en las escuelas por parte de maestros o trabajadores continúa en ascenso, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún no cuenta con una instancia nacional para identificar a profesores, conserjes y autoridades pederastas, cuya máxima sanción dentro del sistema educativo es su traslado a otro colegio.
Tan sólo en la ciudad de México, durante el año 2008, se registró en promedio un caso de abuso sexual por semana en los planteles educativos, revela la Secretaría de Educación Pública.
Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, asegura que nuestro país no cuenta con un mecanismo de denuncia penal que acompañe a los padres de familia y a los niños, para evitar que después del abuso sexual o la violación sólo se realicen procedimientos administrativos o negociaciones políticas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que concluyen en la reubicación de los agresores.
Las denuncias ante el Ministerio Público son escasas y dependen mucho de como reacciona una familia o la comunidad escolar ante la agresión, afirma.
Explica que en muchos de los casos las denuncias se solventan en el entorno escolar y no ante las instancias penales, lo que serviría para crear una red de protección en torno a los niños.
Cifras de la SEP revelan que en el DF, durante los últimos tres años, el número de casos de abuso sexual y violaciones en las escuelas públicas creció 31%.
La Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la SEP en el Distrito Federal documentó 45 denuncias en 2004.
Para 2008, la SEP responde —en la solicitud vía IFAI 00011000007409— que hubo 59 casos de abuso sexual.
“Sólo dos violaciones”: SEP
Al respecto, la Dirección de Asuntos Jurídicos afirma que “sólo dos de ellos son relativos al delito de violación, ambos cometidos en el nivel bachillerato; uno en abril y otro en mayo”.
Para la SEP, el abuso sexual hacia los estudiantes es todo aquel “delito contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual”, y dentro de esa categoría se incluye el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro y la violación.
La dificultad para obtener cifras al respecto obstaculiza el conocer las verdaderas dimensiones del problema.
EL UNIVERSAL hizo una solicitud a la SEP —a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)— para conocer el número de abusos sexuales que ocurrieron en cada una de las entidades del país, pero la dependencia no las proporcionó. Argumenta que existe autonomía de gestión educativa por parte de los gobiernos estatales, a partir de la descentralización del sistema.
Pero los datos arrojados por la primera Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media Superior encienden focos de alerta. De acuerdo con la SEP, de los 3 millones 700 mil jóvenes que estudian en bachillerato, 1% (5 mil 106) dijo haber sido víctima de violación, pero la mayoría ocultó la agresión. En 204 de esos casos, los estudiantes atribuyeron la violación a maestros.
Maestros que sólo son removidos
Un estudio de Guadalupe Viveros Martínez, investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), señala que en aquella entidad “existe un creciente abuso sexual en contra de los niños en la entidad, pero las denuncias apenas representan 10% de los casos que ocurren”.
En Veracruz, la Sociedad de Padres de Familia de Escuelas Básicas denunció, en el año 2007, a 67 trabajadores, entre ellos administrativos, intendentes y maestros. La Secretaría de Educación siguió proceso en contra de 30 profesores pederastas, pero “los denunciados salieron en libertad”.
Para esa agrupación de padres de familia, las escuelas que se ubican en los municipios de Martínez de la Torre, Veracruz, Poza Rica y la región de Orizaba son consideradas “focos rojos”, por las referencias de casos reportados.
De acuerdo con profesores de la entidad, las “presiones del magisterio” en las regiones de Perote, Orizaba, Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz-Boca del Río han hecho que los maestros acusados sólo sean asignados a otras plazas dentro de la estructura educativa.
Lejos de las consecuencias penales
En el estado de México, la secretaria de Educación, María Guadalupe Monter Flores, señala que las estadísticas ubican a la dependencia en el segundo lugar de denuncias acumuladas —por debajo de las que sumó la Procuraduría de Justicia estatal— por abuso de autoridad y dentro de éstas “las que más preocupan” son las de tipo sexual.
De acuerdo con las cifras de la entidad, el año pasado se registraron cuatro casos de abuso sexual en las escuelas. El que más llamó la atención fue el de 14 niños que sufrieron esa vejación por parte del dueño del kínder “Mónica Pretelini”, ubicado en Toluca.
A pesar de que los padres de familia interpusieron denuncias penales por violación, en la causa 85/09 que se inició en contra de Roberto Sánchez se le acusó de “actos libidinosos”. Durante la investigación, asentada en el Juzgado Primero Penal de Toluca, se le exoneró por el delito de violación equiparada y hace dos semanas obtuvo su libertad, tras depositar una fianza.
En tanto, la Secretaría de Educación estatal canceló la clave del centro de trabajo 15PJN2833K y se cerró el plantel, por lo que el resto de los niños fueron reubicados cerca del lugar.
Examen a los docentes
Frente a esa situación, la titular de la Secretaría, María Guadalupe Monter Flores, señala que la mayoría de los casos de abuso sexual y delitos que se cometen en contra de los niños son básicamente perpetrados por personas que los docentes contratan en las escuelas para desempeñarse como intendentes, veladores y auxiliares. No son docentes, asegura la secretaria, pero son personas que van contratando y lo hacen sin pasar ningún examen o filtro.
En el próximo ciclo escolar, la funcionaria busca establecer lineamientos para que quienes sean contratados en las escuelas cumplan una serie de requisitos y “los directores tengan cuidado a la hora de hacerlo. Sólo de esta manera se podrá ir disminuyendo todas estas situaciones que se dan tan lamentablemente dentro de nuestros planteles”.
No hay celeridad
En septiembre del año pasado, cuando EL UNIVERSAL publicó el primer reporte de la SEP en el que se promedió una denuncia de abuso sexual y maltrato cada dos días de clase, en el primer trimestre de 2008, la entonces secretaria, Josefina Vázquez Mota, anunció que se crearían “talleres de trabajo con maestros y se agilizarán los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas”.
Sin embargo, al solicitar a la dependencia federal información sobre el trabajo relativo al asunto, la dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública no encontró en su interior ninguna instancia de nueva creación para atender las denuncias sobre casos de abuso y seguimiento de los maestros y trabajadores responsables, ni de atención a las víctimas y a sus familiares a nivel nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario