martes, 11 de agosto de 2009

PIDE LA CNDH JUSTICIA PARA NIÑOS VIOLADOS.


Por el caso de tres menores de edad víctimas de pornografía infantil en un colegio particular de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, emitió la recomendación 46/2009 al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, debido a que la autoridad "no ha consignado la indagatoria, no obstante haberse desahogado las diligencias".

Los hechos ocurrieron el 29 de mayo de 2008. "Ese día acudí a recoger a mis hijos. Uno señaló a un joven, me dijo que era el fotógrafo" y que, junto con otra persona, le quitó el pantalón y la ropa interior para tomarle fotos.

Los padres de los menores vejados acudieron a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y de la Mujer de la Procuraduría estatal, autoridad que no ha consignado la indagatoria.

La CNDH explicó que atrajo el caso el 7 de octubre de 2008; inició el expediente de queja CNDH/1/2008/4907/Q y solicitó los expedientes a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca.

Se acreditaron violaciones a los derechos de las víctimas, pues no se brindó a los menores agraviados ni a sus familiares asistencia médica y psicológica, y tampoco se salvaguardó su integridad física, de lo cual responsabiliza a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.

El ombudsman destacó que una sicóloga que atendía a los menores y a sus padres minimizó los hechos y les dijo que no se preocuparan, que "no había pasado nada", que "estaban estresados" y probablemente habían exagerado.

Omisiones y amenazas

Además, no se ha emitido la resolución sobre la inspección que el Instituto Estatal de Educación Pública llevó a cabo el 23 de enero de 2009 en el colegio particular, y el plantel fue omiso en responder a los requerimientos de información de la CNDH, lo que hace presumir que la citada dependencia estatal no realizó diligencia alguna.

La CNDH destacó que los padres de los menores agraviados dijeron haber recibido amenazas de muerte, por lo que la CNDH solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal aplicar medidas cautelares para protegerlos.

En su recomendación la CNDH solicita al gobernador de Oaxaca garantizar a los menores agraviados y a sus familiares la reparación del daño, asistencia sicológica, ayudar a las víctimas y testigos de los hechos, evitar la estigmatización social, y velar por la seguridad de los afectados.

domingo, 9 de agosto de 2009

¿Y EL ANGEL DE LA GUARDA?


El abuso sexual es “Cualquier conducta de tipo sexual con un niño llevada a cabo por un adulto o por otro niño constituye un abuso sexual. Esto puede suceder tocando los genitales del niño; haciendo que el niño toque los genitales de un adulto o de otro niño; con contacto bucogenital; frotando los genitales del adulto con el niño; o con penetración vaginal o anal en el niño. A veces ocurren otros tipos de abuso a los que no se prestan tanta atención, como mostrar los genitales de un adulto a un niño, enseñar al niño revistas o películas pornográficas, o utilizar al niño para elaborar material pornográfico u obsceno”. Esta es la descripción que determina el acto ilícito, sin embargo, para el niño o niña violentados sexualmente, constituye una marca emocional, un fraccionamiento de la vida, una experiencia insuperable que los acompaña mientras viven.

Según datos de la Fundación Amparo y Justicia, que lleva la defensa de los padres que han perdido un hijo o hija víctima de abuso sexual, los agresores pueden ser violentos y no violentos. Los violentos son aquellos responsables de lesiones y muertes, mientras que los no violentos hacen uso de su relación de autoridad o poder con el niño o niña para someterlos bajo engaños.

La mayoría de los agresores son personas del ámbito extrafamiliar, pero conocidos por la víctima (42%), los agresores que ocupaban un rol paterno con el niños (padre, padrastro o conviviente de la madre) corresponden al 32% de los agresores. En cuanto a la edad, los menores de doce años constituyen el 83% de los agredidos, la distribución por sexo indica que las niñas representan casi el 70% de los menores abusados sexualmente.

¿Qué estamos haciendo como sociedad por nuestros niños? ¿Esta la familia asumiendo su rol protector hacia los más vulnerables? ¿Cómo es posible que los agresores tengan la posibilidad de culpar a las circunstancias, como el alcohol, las desavenencias conyugales o el consumo de drogas? ¿Estamos acaso dejando en manos del Angel de la Guarda la tarea de protegerlos? Si es así ¿Dónde estaba el Angel de la Guarda cuando murieron Elenita (6), Francisca (5), Victor (9), Jessica (13), Valeria (11), Meylin (8), Ivania (8) y otros más?

La Convención de los Derechos del Niño señala entre sus artículos el derecho de los niños y niñas a la vida, el derecho a ser protegidos, a no ser víctimas de maltrato, a no ser secuestrados, entre otros. Sin embargo, estas cosas les ocurren a nuestros niños y tenemos cientos de casos de todo tipo de abusos sexuales los que acaban con esas pequeñas vidas, ya que si un niño o niña es abusado, aun si sigue con vida, parte de ellos ha muerto.

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL


Existen una serie de mitos o prejuicios que tratan de justificar lo injustificable y minimizar la aparición de los casos de Abuso Sexual Infantil (ASI), que es la idea de la falsa denuncia, que generalmente se aplican a los abusos intrafamiliares, generalmente en los casos de incesto y casi siempre es la madre la generadora de dicha falsa denuncia.

Estos mitos o prejuicios dirigen de alguna manera el actuar y provocan graves secuelas en el trabajo con las victimas de ASI. Por ejemplo: la cifra que da cuenta de la cantidad de alegaciones falsas es solamente del 8%. Como se ve este es un porcentaje bastante reducido, sin embargo este hecho ha dañado la credibilidad de la víctima en los casos de abuso sexual infantil, calando entre los profesionales del ámbito judicial. Es cierto que la mayoría de las denuncias falsas se dan en aquellos casos de separación en los que hay problemas de custodia, de regímenes de visita, etc. Pero esto no debería generalizarse interpretando que todos los abusos sexuales que se denuncien en los que las parejas estén separadas sean falsos.

Los profesionales olvidan a menudo, además, que son muchos más los falsos negativos (retractaciones falsas, por ejemplo) que los falsos positivos. Son muchos más los casos en los que tuvo lugar el abuso y en los que los/as niños/as acaban retractándose de su historia por presiones y en los que la denuncia es sobreseída por falta de pruebas. Y, en cualquier caso, se debe recordar que ese/a niño/a, aunque la denuncia sea falsa, está siendo sometido/a a un maltrato evidente ante el que las instituciones están obligadas a actuar.

Las creencias erróneas están relacionadas con la falta de formación e información científica y adecuada. Cuando el/la niño/a se retracta, se tiende a creer con mayor facilidad la retractación que la versión primera. Para los profesionales y la sociedad es mucho más fácil de creer la retractación y la absolución del agresor que la responsabilidad de éste en el hecho. No se pone tanto énfasis en comprobar y validar los motivos que han podido llevar al niño o niña a retractarse como el que se pone en comprobar la veracidad y fiabilidad de su relato.

Los profesionales que se dedican al abordaje del abuso sexual infantil, deben estar muy atentos al contramovimiento que avanza fuertemente, que todos conocemos como backlash. En las últimas cuatro décadas se ha dado un creciente proceso en donde los avances en relación a la prevención y detención del ASI crecieron velozmente. Aparecieron los primeros datos y estadísticas que echaron luz sobre el tema y permitieron un trabajo más eficaz de los profesionales en el área, a saber:

- Que el seno del hogar es el lugar más peligroso en cuanto a la posibilidad de victimizar a un/a niño/a.

- Que casi en todos los casos el agresor es el padre, padrastro, tío, abuelo o algún personaje cercano a la familia, en la mayoría de los casos conocidos y una figura masculina.

El aumento de los conocimientos sobre estos temas permitió progresar en cuanto a denuncias, apelación a la justicia, aparición en los medios de comunicación, creación de servicios especializados y aparición de muchos más casos en las instituciones del estado, encargadas muchas veces de armar estadísticas.

Un grave problema empezó a aparecer a la hora de penalizar en la justicia estos hechos, jueces, defensores, equipos técnicos eran acusados de destruir la idea sagrada de la “familia”, ya que la denuncia por abuso sexual intra familiar terminaba en el alejamiento del niño de la persona que había cometido el hecho, que es la medida a tomar adecuada e ineludible.

Por esto muchas veces se prestaba más atención a mantener la “unión familiar” que a defender la integridad física y/o mental de las víctimas. Estas situaciones fueron ya atravesadas por países más avanzados en el tema como EEUU, Canadá, Inglaterra, etc. Se hizo necesaria que la justicia recurriera a peritos que “avalaran los hechos” y aportaran pruebas sobre lo que había pasado. Así, aparecieron servicios especializados y profesionales que intentaron dar respuesta a este problema tan complejo y a una creciente cantidad de casos.

Seguido a esto inicio una etapa, que fue una respuesta agresiva y enérgica de sectores que supuestamente defendían los valores patriarcales y tradicionales. Se trata de llevar una discusión de carácter teórico a la fundamentación de las falsas denuncias. En la mayoría de los casos aparecieron largas fundamentaciones acerca de la razón por la cual la disputa entre los padres, lleva generalmente a la madre a levantar un falso testimonio con referencia al abuso de su hijo/a.

Al respecto de esto uno de los autores que hace una teorización al respecto es Richard Gardner uno de los críticos más acérrimos del sistema de protección de la infancia en los Estados Unidos. Es absolutamente sabido que sus escritos carecen de balance y de objetividad, siendo por ello cuestionados por gran parte de la comunidad científica.

Gardner describió en 1987 lo que llamó el "síndrome de alienación parental”, diciendo que ocurre en casos donde se disputa la tenencia de los niños en juzgados de familia.: “Una consecuencia de esta batalla fue el desarrollo en el niño de lo que yo refiero como el síndrome de alienación parental. Típicamente, el niño difama viciosamente uno de los padres e idealiza al otro. Esto no está causado solamente por el lavado de cerebro parental del niño. Más bien los niños mismos contribuyen con sus propios escenarios a sostener al padre favorecido. Mi experiencia ha sido que en alrededor del 80 a 90% de los casos, la madre es el progenitor favorecido y el padre el vilipendiado”.

Es importante señalar, que el “síndrome de alienación parental” no ha sido sujeto de estudios empíricos ni ha sido publicado en revistas científicas o médicas para la revisión de los colegas. El síndrome es poco más que las opiniones de Richard Gardner, basados en su “experiencia clínica”.

Podemos consultar sus dichos textuales que nos llevan sin duda a considerar que hace una apología de la pedofilia, de las relaciones sexuales con niños/as, justificándolas como naturales. Partiendo de esto cualquier opinión suya no puede ni siquiera ser tenida en cuenta.

Aquí hay que detenerse en un punto crucial, mientras las denuncias eran provenientes de clases obreras o humildes, de barrios marginales las denuncias crecieron rápidamente, pero luego de un tiempo aparecieron también denuncias de otros sectores sociales.
Entonces empezaron a aparecer artículos, publicaciones, organizaciones de padres de familia acusaciones y juicios a profesionales que intervienen en el área. La razón era clara: Una campaña tendiente a volver “sospechosa la palabra del niño/a victimizado/a y de todos aquellos adultos que se manifiestan a favor de la existencia del ASI. De esta manera se logra un debilitamiento evidente de los actores que intervienen en estos casos.
Los/as niños/as son revictimizados con múltiples pericias en diferentes organismos, los adultos cuidadores son obligados a contratar abogados y acudir a organizaciones para defenderse de estas sospechas.

Los profesionales en vez de seguir en la búsqueda de herramientas teóricas y prácticas para ayudar a las victimas deben prepararse para defender sus pericias o para argumentar a favor de lo argumentado.
Este creciente backlash que estamos padeciendo es llevado muchas veces al extremo de realizar denuncias de mala praxis hacia los profesionales intervinientes e incluso denuncias penales, como ha ocurrido en el sonado Caso Melo Pacheco en Mar del Plata en el que se procesa a los peritos psicólogos del tribunal por su intervención con los niños víctimas.

Queda mucho camino por recorrer, tenemos que estar prevenidos, no permitir que falsas teorizaciones nos nublen la vista a la hora de detectar un abuso infantil, debemos actualizar nuestros conocimientos constantemente, debemos prepararnos como profesionales para atrevernos a intervenir en estas problemáticas, porque sino, lamentablemente, será nuevamente el/la niño/a quien pagará el alto precio de nuestros errores.

Lic. María Beatriz Müller
Presidenta SALUD ACTIVA
Presidenta Comité Organizador II Congreso Internacional, III Nacional, IV Regional Violencia, Maltrato y Abuso. “Generando redes. Transfiriendo conocimiento y articulando prácticas”
13, 14 y 15 de Noviembre 2009
Sede: Facultad de Psicología y Psicopedagogía – Universidad del Salvador

¿SE DEBE MODIFICAR LA LEY PARA QUE EL A.S.I SE SIGA DE OFICIO?


Cualquier delito de tipo sexual debe seguirse de oficio a fin de que no se obligue a los afectados a presentar la denuncia, por eso el Congreso de Coahuila debe modificar la Ley.

Lo anterior fue demandado por el Foro de Abogados de Saltillo, dado que la Secretaría de Educación y Cultura tiene cinco casos de abuso sexual por parte de maestros; sin embargo, la dependencia no puede denunciarlos porque, ya que según la legislación vigente, eso corresponde a los padres de familia pero al menos tres, se niegan a presentar una denuncia.

“Lo más viable es modificar ese apartado del marco jurídico para que el delito sea perseguido por oficio, para que realice la investigación sin que exista una querella”, expuso José Luis Garay..

Dicha reforma es preponderante, ya que las agresiones sexuales son delitos de una trascendencia social importante, pues si el agresor no es denunciado y tiene una marcada psicopatía, seguirá realizándolos.

Garay recordó que existe un antecedente en el estado de un profesor que recibió una sanción fuerte por haber atentado contra el pudor de sus alumnas.

EXCESIVOS TRAMITES ANTE LA DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL.


La titular de la agencia especializada en Delitos Sexuales y La Familia, Luisa Aurora Estrada López, afirmó que los padres del niño de cinco años que fue víctima de abuso erótico sexual, no quisieron interponer la denuncia contra el agresor también menor de edad, argumentando que no tenían dinero para viajar a la ciudad de Veracruz, lugar en donde se tiene que realizar el proceso jurídico, por estar ahí la agencia de Responsabilidad Juvenil.

La fiscal explicó que no fue rechazada la denuncia, tal como lo declaró la madre del menor agraviado, al mismo tiempo que mencionó que el pequeño resultó víctima de abuso erótico sexual por otro joven de 17 años.
Los padres del niño agraviado, finalmente accedieron a interponer la denuncia penal en la agencia.

Cuando se presenta un caso de dos menores de edad, la denuncia penal es recibida en la agencia especializada en Delitos Sexuales y La Familia con sede en este puerto, pero es remitida al Ministerio Público Especializado en Responsabilidad Juvenil en Veracruz, de acuerdo a la ley con el mismo nombre, aprobada en septiembre de 2006.

Estrada López, sostuvo que si el agresor es menor de edad, el caso se turna a Veracruz, porque en todo el estado no existen agencias especializadas de Responsabilidad Juvenil.
A los padres del menor responsable se les pide un certificado médico, testigos, acta de nacimiento y se cita al infractor en presencia de sus progenitores.

Una vez que es remitida la denuncia al puerto de Veracruz, es el Ministerio Público de ese sitio, quien deberá ejercer la acción penal.
Además, al menor que cometió el delito es internado en un centro para recibir terapias psicológicas.

INCREMENTAN DENUNCIAS
Asimismo, Luisa Aurora Estrada puntualizó que en lo que va del año iniciaron 60 investigaciones ministeriales por los delitos de abuso erótico sexual y violación cometidos por menores de edad, en contra de niños.
De las denuncias, 40 son por el delito de abuso erótico sexual y el resto por violación. Las víctimas oscilan entre los 6 a 14 años y los responsables de 12 a 17 años.

La funcionaria, detalló que ambos delitos van en aumento, y lo preocupante es que participan menores de edad.
De acuerdo a la Ley de Responsabilidad Juvenil, en el artículo 186 se estipula sanción de 5 a 8 años de prisión al agresor.

Mencionó que las causas por las que se presentan estos delitos son por el descubrimiento sexual de una forma irresponsable de parte de los menores, presencia de escenas eróticas en Internet, películas pornográficas, muchos de los pequeños duermen en la misma habitación que sus padres y ven cuando sostienen relaciones sexuales.
O también quieren experimentar y no están informados adecuadamente.

CENTRO DE PREVENCION CONTRA EL ABUSO SEXUAL E INFANTIL


Después, que 13 amigos vieron en 1974 una película sobre abuso sexual, se dieron cuenta, que en Greenville, no existía ningún centro de apoyo para estas victimas.

Fue así como surgió después de un proceso en 1998, Greenville Rape Crisis & Child Abuse Center (Centro de Prevención contra abuso sexual e infantil) GRCCAC.

Desde entonces dicho centro ha provisto servicio confidencial y una línea de emergencia, para apoyar las victimas y sus familiares, durante los exámenes médicos, psicológicos y el proceso legal.

Según Zoraida González, asistente de Educación y Prevención a la comunidad “El centro esta dividido en dos grandes secciones uno para niños y el otro para adultos.

“Cualquier niño que sea abusado física, sexual, mental o con algún tipo de negligencia es ayudado por el centro con terapia, doctores e investigación del caso, para ayudarlo a pasar el trauma al igual que a su familia” comenta Zoraida.

Y a los adultos se les ayuda durante el proceso en el hospital después de la violación e información de cómo manejar el caso.

La Prevención y Educación contra el abuso de los niños, cuya Directora es Shannon Johnson, da charlas en las escuelas para enseñar a los niños con

diferentes métodos didácticos, que partes del cuerpo no se deben tocar, cuando decir NO y conferencias para los padres sobre los síntomas que ellos pueden ver en los niños para saber si han sido lastimados.

ambién esta el grupo de apoyo comunitario donde hay dos grupos latinos uno en la Hollis Academy y el otro en Café Cultura. Las clases comunitarias son gratis y ayuda a los padres con nuevas técnicas para entender a los niños y las leyes. Hay cuidado de niños y tiempo para compartir como padres.

Además, hay clases en el centro de detención de mujeres, Salvation Army. y charlas a padres que no ayudan con el soporte económico de los hijos.

“La cultura, juega un papel muy grande, tenemos la barrera del lenguaje muchos no quieren hacer mal a sus niños, pero la ley es muy fuerte y como los padres no se saben expresar el caso no se trabaja de forma eficiente y el padre sufre las consecuencias” señala Zoraida.

“Nadie tiene derecho de ser victima o abusado de alguna manera” finaliza Zoraida.

GRCCAC, esta ubicado en el 2905 White Horse RD. Greenville SC 29611 y pueden llamar al teléfono (864) 331- 0560 ext. 240 en español

FALTA DE PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO


Por incumplir con la expedición del reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil en el Distrito Federal, ni crear la comisión interdisciplinaria para combatir el problema, el diputado panista Agustín Castilla Marroquín inició una denuncia contra el jefe de Gobierno ante la Contraloría.

De acuerdo con el legislador, el plazo para instalar una Comisión Interinstitucional presidida por un representante del Gobierno del DF, la Comisión de Derechos Humanos local, tres organizaciones no gubernamentales y académicos especializados en el tema, venció en diciembre pasado, lo que deja inoperante dicha ley.

El reglamento, dijo Castilla Marroquín, debió ser publicado desde diciembre pasado.

El legislador solicitó a la Contraloría General del DF iniciar el procedimiento administrativo contra Marcelo Ebrard.

La Contraloría deberá determinar la sanción correspondiente para el jefe de Gobierno, que puede ir desde el apercibimiento y la amonestación, hasta la destitución.

Castilla, que forma parte de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, aseveró que tampoco ha sido creado un Programa General de Prevención sobre el tema de la prostitución infantil para el DF, y que debió ser aprobado en enero pasado.

“Con esto señalamos la omisión y desinterés del Ejecutivo local respecto a una ley que está vinculada a casos tan relevantes como el de Casitas del Sur, ya que busca prevenir y erradicar la trata de personas y el abuso y explotación sexual infantil”, comentó Castilla Marroquín.

Advirtió que la omisión del jefe de Gobierno convierte la ley aprobada por unanimidad en el Pleno de la ALDF en “letra muerta”.

Desde enero pasado el legislador hizo un exhorto al jefe de Gobierno para que publicara el reglamento y se instalara la comisión, sin que a la fecha exista respuesta alguna por parte del Gobierno del Distrito Federal

POCAS DENUNCIAS EN ABUSO SEXUAL INFANTIL ¿PORQUE?


Con el propósito de que los niños que sufren abuso sexual no pasen por un proceso legal, por temor a que puedan ser “exhibidos” y por la confusión que generan en los mismos padres de familia este tipo de situaciones, es que existe una baja proporción de denuncias de lo que realmente está sucediendo en las escuelas en el país y en los centros de atención infantil, en donde las violaciones, incluso a bebés, no son denunciadas, asegura Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC).

La titular de la agrupación relata que en lo que va del año el número de casos de ultrajes de pequeños en escuelas, jardines de niños y guarderías se ha elevado, pero esto no necesariamente implica que las instituciones de educación o los Ministerios Públicos lo tengan registrado.

Tan sólo el nivel de asesorías sobre agresiones o violación sexual que realizó ADIVAC llegó a ser de 150 niños a la semana y sólo en 5 por ciento de los casos se presentó una denuncia judicial.

Ante esta situación, demanda que la Secretaría de Educación Pública (SEP) diseñe un perfil nacional para la contratación de maestros y maestras, así como de trabajadores de intendencia y administrativos para evitar violencia y ultraje de los niños.

Explica que uno de los casos más recientes se presentó en un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), en donde un maestro abusó de seis niños entre 4 y 5 años de edad, pero de ellos sólo una mamá se presentó a hacer una denuncia judicial.

“Lo que tenemos son papás que saben lo que pasó, pero no quieren denunciar y tampoco le dan atención a los niños”, dice.

Más allá de la violación que implica la penetración oral, anal o vaginal, está la violencia sexual, y ésta también tiene que ser reconocida por los padres de familia para tratar de construir una tipología sobre lo que implica esa agresión para identificar cuándo eso sucede y poder denunciarla. Laura Martínez llama a considerar como violencia sexual la exhibición de pornografía o el tocamiento del cuerpo de los niños.

A raíz de no tener una identificación clara de lo que es abuso sexual, afirma la titular de la organización que brinda ayuda a familiares y víctimas, es que “en los Ministerios Públicos o los abogados defensores de los agresores llegan a pedir exámenes médicos que comprueben la violación sólo de genitales, pero puede suceder que el niño no fue víctima de penetración genital; o bien, considerar violación el caso de un pequeño que fue objeto de violencia sexual por tocamiento”.

La especialista asegura que en relación con las escuelas, en donde el número de casos de violencia y abuso sexual se ha incrementado, se debe poner atención al perfil de maestros y maestras contratados de forma permanente o los que imparten las clases de educación física, música y actividades extracurriculares.

“A partir de lo que sucedió en la guardería de Hermosillo se ha pedido a las instituciones tener cuidado con las medidas de seguridad de las estancias y eso lo debe cumplir la SEP, pero de igual manera se debe tener cuidado en el tipo de perfil de profesionistas y el currículum de las personas que se contratan para atender a los niños”, plantea.

Indica que sólo en la medida en que se pueda construir un sistema de confianza para la denuncia, los padres tendrán las herramientas para presentar estos casos ante un sistema judicial. “Lo que hasta ahora tenemos es que los papás son los primeros confundidos… pero se debe denunciar.”

POCAS DENUNCIAS EN ABUSO SEXUAL INFANTIL ¿PORQUE?

Con el propósito de que los niños que sufren abuso sexual no pasen por un proceso legal, por temor a que puedan ser “exhibidos” y por la confusión que generan en los mismos padres de familia este tipo de situaciones, es que existe una baja proporción de denuncias de lo que realmente está sucediendo en las escuelas en el país y en los centros de atención infantil, en donde las violaciones, incluso a bebés, no son denunciadas, asegura Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC).

La titular de la agrupación relata que en lo que va del año el número de casos de ultrajes de pequeños en escuelas, jardines de niños y guarderías se ha elevado, pero esto no necesariamente implica que las instituciones de educación o los Ministerios Públicos lo tengan registrado.

Tan sólo el nivel de asesorías sobre agresiones o violación sexual que realizó ADIVAC llegó a ser de 150 niños a la semana y sólo en 5 por ciento de los casos se presentó una denuncia judicial.

Ante esta situación, demanda que la Secretaría de Educación Pública (SEP) diseñe un perfil nacional para la contratación de maestros y maestras, así como de trabajadores de intendencia y administrativos para evitar violencia y ultraje de los niños.

Explica que uno de los casos más recientes se presentó en un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), en donde un maestro abusó de seis niños entre 4 y 5 años de edad, pero de ellos sólo una mamá se presentó a hacer una denuncia judicial.

“Lo que tenemos son papás que saben lo que pasó, pero no quieren denunciar y tampoco le dan atención a los niños”, dice.

Más allá de la violación que implica la penetración oral, anal o vaginal, está la violencia sexual, y ésta también tiene que ser reconocida por los padres de familia para tratar de construir una tipología sobre lo que implica esa agresión para identificar cuándo eso sucede y poder denunciarla. Laura Martínez llama a considerar como violencia sexual la exhibición de pornografía o el tocamiento del cuerpo de los niños.

A raíz de no tener una identificación clara de lo que es abuso sexual, afirma la titular de la organización que brinda ayuda a familiares y víctimas, es que “en los Ministerios Públicos o los abogados defensores de los agresores llegan a pedir exámenes médicos que comprueben la violación sólo de genitales, pero puede suceder que el niño no fue víctima de penetración genital; o bien, considerar violación el caso de un pequeño que fue objeto de violencia sexual por tocamiento”.

La especialista asegura que en relación con las escuelas, en donde el número de casos de violencia y abuso sexual se ha incrementado, se debe poner atención al perfil de maestros y maestras contratados de forma permanente o los que imparten las clases de educación física, música y actividades extracurriculares.

“A partir de lo que sucedió en la guardería de Hermosillo se ha pedido a las instituciones tener cuidado con las medidas de seguridad de las estancias y eso lo debe cumplir la SEP, pero de igual manera se debe tener cuidado en el tipo de perfil de profesionistas y el currículum de las personas que se contratan para atender a los niños”, plantea.

Indica que sólo en la medida en que se pueda construir un sistema de confianza para la denuncia, los padres tendrán las herramientas para presentar estos casos ante un sistema judicial. “Lo que hasta ahora tenemos es que los papás son los primeros confundidos… pero se debe denunciar.”

EL DELITO MENOS RESUELTO ES EL ABUSO SEXUAL INFANTIL



Mirar para otro lado. Aun cuando el horror del abuso sexual infantil es viejo como la humanidad, los expertos han empezado a estudiarlo recién en los últimos 40 años. También para la Justicia es un fenómeno difícil de encarar quizá porque es un delito que, como pocos, pone al hombre frente a lo más oscuro de su condición.

Para los pediatras y psicólogos, el tema del abuso sexual infantil es "nuevo", ya que lo describe recién Henry Kempe en la década del 60. Esa "novedad" complica, imagino, la comprensión del tema.

¿Es más sencillo para la Justicia?


No, sin duda. La Justicia lo enfrenta de una manera distinta que la medicina, la psicología y la asistencia social, porque no evolucionó de la misma manera que esas disciplinas. Pero igualmente el tratamiento del tema le resulta dificultoso.
¿Por qué?
Porque las razones que hicieron que un fenómeno tan antiguo recién ahora terminara siendo estudiado adecuadamente son las mismas que hacen que tarde tanto en entrar en el ámbito judicial y que las prácticas frente a él sean adecuadas. Dicho de otra manera: hace dos mil años el emperador Tiberio abusaba de bebés. Se hacía traer los bebés más fuertes que aún estaban siendo amamantados y los llevaba a una pileta con agua. Los llamaba "mis pececitos" y los obligaba a practicar sexo oral. Fíjese la antigüedad de este horror que continúa hasta el día de hoy sobre niños, niñas y adolescentes. Empezó a notarse alguna inquietud y censura frente a estas prácticas en el siglo XIX, pero la actitud histórica general fue mirar para otro lado, por razones poderosas. Las mismas que hacen que la Justicia tarde en aceptar que debe abocarse inmediatamente a este problema.

¿Cuáles son esas razones poderosas?
La más profunda es que a ninguno de nosotros nos gusta tomar contacto con el problema. Es algo muy fuerte, que nos hace daño, mayor o menor según sea la formación que tenga cada uno y según sea su historia personal y sexual. Si las personas que deben actuar sobre estos temas no tienen una preparación y una contención adecuadas, van a entrar en crisis graves. Pero lo cierto es que sabiendo que todo esto ocurre, hoy ya no hay excusas. Porque, de la misma manera que Kempe describió el abuso al que es sometido un chico y las marcas que le quedan, otro especialista, Ronald Summit, definió con exactitud todo lo que ocurre dentro de un proceso judicial con una criatura abusada. Y ya nadie puede hacerse el distraído.

¿A qué se refiere?
Hace poco menos de veinte años, Summit hizo una descripción del síndrome de acomodación. Pinta un modelo que se repite, como si él hubiera estado presente en cada uno de los expedientes de abuso, o como si las víctimas de abuso hubieran leído los libros de Summit. El síndrome de acomodación al abuso está conformado por aquellas etapas por las que atraviesa normalmente el niño o niña o adolescente abusado. Esas etapas recorren desde el secreto, pasando por las amenazas, las revelaciones tardías -poco convincentes- y la retractación del menor. Increíble pero puntualmente, esas etapas se repiten en cada caso judicial. El que no tiene en cuenta esto -porque no lo conoce o prefiere no conocerlo- va a tratar el abuso sexual infantil como cualquier otro delito y ahí va a empezar a equivocarse en contra de la víctima.

¿Los jueces no están preparados para reconocer la especificidad?
En lugar de adjetivar le voy a describir lo que realmente ocurre. Hasta el día de hoy se siguen tomando declaraciones y se investiga con la misma metodología que se usa para investigar un robo, sin tener en cuenta el tipo de trauma que cada delito desencadena. La víctima de un robo, por más violento que éste haya sido, nunca recibe los efectos devastadores en el aparato psíquico que causan, por ejemplo, años de abuso intrafamiliar. Esto hace que la víctima de uno y otro delito sean distintas. Mientras una está en condiciones de expresar más o menos fluidamente lo que le pasó, la otra no puede articular su drama.

Veamos el escenario concreto. Durante diez años, usted juzgó en Bariloche muchos casos de abuso sexual infantil. ¿Hay rasgos que se repiten y sirven para caracterizar a la víctima y al victimario y predecir la conducta del juez?
Respecto de las víctimas, lo que percibí es que se dan características muy parecidas, sea la condición social que fuere, hayan estudiado en el colegio o no. También hay enorme similitud en la forma en que reaccionan ante cada instancia del juicio, tal como le dije que lo enuncia Summit y que tiene que ver con los efectos traumáticos que todas cargan.

¿Cuáles son esos rasgos repetidos?

Hay una enorme cantidad de niñas -la mayoría de los abusos se efectúan sobre niñas- que cambian, que se retractan y terminan diciendo lo que el que está juzgando quiere escuchar. Niñas que están quietas, con la mirada perdida en el infinito... en algunos casos brotan lágrimas y, a veces, ni siquiera pueden moverse para secarse esas lágrimas. Cuando uno se da cuenta de que esto pasa en eterna repetición necesita, como juez, plantearse algún cambio. Por ejemplo, en la manera de investigar. Porque la mejor forma de empezar a estudiar alguna solución para un problema social y cultural de esta envergadura es conocer. Y sobre todo, conocer aquellos aspectos en los cuales por razones muy profundas no se ha adentrado la Justicia. En una investigación diferenciada se detectan cosas muy impresionantes. Por ejemplo, lo que ocurre con aquel grupo de niñas que termina diciendo lo que el que le pregunta quiere escuchar.

¿Es tal la angustia frente al interrogatorio que se busca terminarlo cuanto antes?
Eso, por una parte. Pero, por otra, lo que está en la raíz es que se le está pidiendo a alguien que haga algo que no puede hacer. Si aceptamos que una criatura que ha pasado por ese nivel de herida tiene efectos devastadores para su aparato psíquico, debemos aceptar también que esos daños han modificado su estado de conciencia, por lo que se le han generado mecanismos defensivos profundos, con trastornos disociativos que le permiten sobrevivir. Porque, digamos, para poder recibir a su abusador todas las noches en la cama y a la mañana levantarse e ir al colegio, necesita disociar. Si aceptamos todo esto, no podemos decidir, entonces, sentar a la niña en una sala con gente extraña para que cuente lo que le pasó. Eso es perverso y es lógico que la criatura dude, se retracte y diga lo que los demás quieren oír para terminar pronto con ese drama.

En realidad, parece que la juzgada es la criatura.

Usted puso el dedo en la llaga. Hace años, en un juicio que se llevaba a cabo en El Bolsón, había una criatura retrasada mental que había sido abusada. Tenía diecisiete años. El tribunal le había puesto en la sala a la asesora de menores para que la asistiera. La chica era interrogada por parte del tribunal de una manera tremenda, hasta grosera. Al oído, la adolescente le dijo a la asesora algo y ésta lo repitió al tribunal: "Fulana cree que está siendo juzgada". Por otras razones, la audiencia fue suspendida. Días después, la psiquiatra que había atendido a la joven en el hospital de El Bolsón fue a declarar sobre el caso. Entonces, yo le pregunto: "Usted sabe que Fulana dijo que ella entendía que la estaban juzgando. ¿Usted qué piensa?". La profesional contesta: "Si yo me siento juzgada, ¿qué puede pensar ella?". Los jueces debieran ver esto. Hay una vieja canción de Piero que dice: "Las cosas se cuentan solas, sólo hay que saber mirar". Yo agregaría que hay que querer mirar.

En la oscuridad

Cuando miramos hacia el abusador, ¿qué vemos?

Alguien que se abusa de una relación siempre y naturalmente asimétrica. Por razones de etapas evolutivas, una criatura siempre es más vulnerable que un adulto. Esa vulnerabilidad natural se acrecienta a partir de que en la mayor parte de los casos el abusador es una persona que tiene ascendiente sobre esa criatura, porque es el padre biológico, o la madre biológica, o el compañero de la madre, o el maestro de escuela. Toda esa gente establece vínculos con la criatura que le facilitan llegar al abuso, sin que la víctima pueda reaccionar por mucho tiempo. Piense, por ejemplo, que una intelectual como Virginia Woolf logró verbalizar su drama recién a los cincuenta y cuatro años.


¿Cómo puede ser que el ambiente familiar no registre que una situación de abuso ocurre durante años?

Vuelvo a lo que le dije al principio: la gente no quiere ver algo tan oscuro. Pero, por otra parte, si pienso en los hechos que yo juzgué, he visto gran cantidad de abusadores que, aun sin instrucción alguna, sabían cómo actuar sin dejar huellas de ningún tipo. Abusaban sin dejar lesiones físicas, con una precisión en la mecánica del abuso que uno ni puede imaginar. Por otra parte, he juzgado casos de gente de saco y corbata por cuya "honradez" los vecinos y compañeros de trabajo venían a testimoniar. Casi nadie puede creer que un abusador ha hecho lo que ha hecho. Y sin embargo lo hizo.

No se tolera saber la verdad...
Hay casos en los cuales no se tolera porque nos duele y porque es muy fuerte llegar a aceptar que alguien que conocemos comete esos actos respecto de una criatura. A veces hay una especie de "comodidad emocional", una economía emocional que hace mirar para otro lado, porque hace mucho daño asumir la verdad. Y en otros casos, lo que ocurre es que se está más identificado con el abusador que con la víctima, por profundísimas razones, y sobre todo por una cuestión de fe. Es frecuente ver que hay gente que responde de una manera irracional cuando se le pregunta: "Bueno, está bien, es vecino suyo y usted cree que no. Pero si mañana se comprobara que sí, ¿usted qué diría?" "¡Que no!". No hay que seguir preguntando, porque esa persona no va a dar otra respuesta. Es más, si mañana se comprobara que sí, si el propio imputado reconociera que sí y diera detalles inequívocos de cómo fue el abuso, esa misma persona seguiría diciendo que fue un complot, en el que cada día se va agregando gente. Ese es un mecanismo también defensivo para no aceptar la verdad.

En definitiva, nadie puede mirar nada sin su escala de valores ni sin su ideología.
La ideología juega no sólo en los casos de abuso sexual sino en absolutamente todos los actos del ser humano. Pero hay que reconocer que en algunos temas, como éste, el peso de la ideología es decisivo. Hoy no nos podemos quejar de nuestro cuerpo legal. La Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos ofrecen un sistema protectivo inmejorable. Sin embargo, el abismo que se ve en la práctica, no sólo en los casos de abuso sexual de niños, es muy grande. Ahí es donde la ideología corroe. En el caso concreto de los delitos sexuales, como la mayor parte de las víctimas son mujeres, actúan prejuicios y estereotipos de género que conspiran contra la buena resolución de los casos. La Argentina firmó tratados y convenciones que, entre otras cosas, exigen eliminar la violencia contra las mujeres y modificar los patrones socioculturales que la hacen posible. Ahora, ¿cómo hacemos para modificarlos? Porque si creemos que una ley o una convención va a modificar patrones socioculturales, estamos muy equivocados. En segundo lugar, tendríamos que ver si estamos dispuestos a pagar el costo que significa modificar esos patrones, cuando en realidad los estamos reproduciendo. O sea, a la hora de juzgar, muchos no pueden despojarse de todos esos estereotipos negativos.


Con semejante panorama, ¿qué pronóstico de resolución tienen las denuncias por abuso?
Es delicado, porque en Argentina no hay estadísticas sobre resultados respecto de abuso sexual infantil. En realidad, no hay delito en el mundo entero que tenga una cifra negra mayor: no se lo denuncia ni se lo resuelve. Lo que hay en nuestro país son datos sobre la relación existente entre denuncias y condenas respecto de casos penales, pero sin discriminar por delitos. Tomando las denuncias y la relación con las condenas, en general, salvo alguna provincia -Río Negro por ejemplo-, la mayoría restante no llega al 3% de resolución. Si tomamos en cuenta la cifra negra del abuso, que es enorme, insisto, entonces la cifra de resolución va a ser infinitamente más baja y refleja la impunidad que acompañó el abuso sexual desde la historia.


Fuente: Diario Clarín (Argentina), 15-XII-2002
(Enviado por Elena Durón del proyecto PETISOS)

CADA 14 MINUTOS HAY UN ABUSO SEXUAL EN COLOMBIA


Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses, cada 14 minutos es abusado un niño en Colombia y solo entre un 5 y un 10 por ciento de los casos son denunciados por las víctimas.

Así lo confirma la senadora Alexandra Piraquive en su página abusosexualinfantil.org con base en el informe que presentó Luz Elena Saavedra, coordinadora del Primer Congreso Iberoamericano de Abuso Sexual Infantil.

Si bien un solo caso de maltrato o abuso sexual infantil tiene que ser suficiente para llamar la atención de las autoridades y tomar cartas en el asunto, la falta de estadísticas dificulta la acción.

En esto coincidieron los expertos reunidos en el foro Prevención del abuso sexual infantil, una obligación de todos, que organizaron la Corporación de Amor al Niño, Cariño, y Save the Children.

El foro se realizó gracias al proyecto Construyendo Caminos de Derechos, el cual se adelanta con la cooperación de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (Echo). Contó, además con el apoyo de la Procuraduría Regional de Antioquia, la Personería de Medellín y el Hospital San Vicente de Paúl.

El propósito de todas estas entidades es el de brindar las herramientas de prevención, detección y atención del abuso sexual infantil a los padres de familia, docentes, profesionales de las áreas de salud, "porque la prevención de este flagelo es una obligación de toda la comunidad", señaló María Eugenia Saldarriaga de Gómez, presidenta de la Junta Directiva de la Corporación Cariño.

Los expertos tienen claro que entre 2004 y 2006 hubo un aumento de casos de violencia intrafamiliar: se pasó de 60.000 a 70.000 casos.

Si bien la cifra es alta, no refleja la realidad del flagelo ya que muchos casos no se denuncian, por desconocimiento o vergüenza.

Problema cultural
Transformar los imaginarios es una tarea muy difícil, según reconoce Manuel Enrique López, consultor en Derechos de Infancia de la Personería de Medellín.

Explica que si bien en el país existe una normatividad se necesitan políticas más claras y una mayor difusión de las mismas y de los derechos humanos para prevenir este flagelo.

La falta de educación y la pobreza llevan a muchos hogares a hacerse los de la vista gorda, cuando de defender la honra de sus hijas se refiere.

"En esos casos no ven malo que su hija pose para fotos eróticas si ello significa el pago de los servicios públicos", anota Manuel López.

Hay que desmitificar las prácticas culturales y enseñarles a las comunidades que las situaciones abusivas no son algo normal. Ya sea mental o físico, el abuso sexual infantil es un delito. Y hay que velar por los niños, indicó Sandra Patricia Castaño, sicóloga de Save The Children.

EL ABUSO SEXUAL INFANTIL CRECE EN LAS AULAS EN MÉXICO.


El abuso sexual y la violación a niños y jóvenes en las escuelas por parte de maestros o trabajadores continúa en ascenso, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún no cuenta con una instancia nacional para identificar a profesores, conserjes y autoridades pederastas, cuya máxima sanción dentro del sistema educativo es su traslado a otro colegio.

Tan sólo en la ciudad de México, durante el año 2008, se registró en promedio un caso de abuso sexual por semana en los planteles educativos, revela la Secretaría de Educación Pública.

Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, asegura que nuestro país no cuenta con un mecanismo de denuncia penal que acompañe a los padres de familia y a los niños, para evitar que después del abuso sexual o la violación sólo se realicen procedimientos administrativos o negociaciones políticas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que concluyen en la reubicación de los agresores.

Las denuncias ante el Ministerio Público son escasas y dependen mucho de como reacciona una familia o la comunidad escolar ante la agresión, afirma.

Explica que en muchos de los casos las denuncias se solventan en el entorno escolar y no ante las instancias penales, lo que serviría para crear una red de protección en torno a los niños.

Cifras de la SEP revelan que en el DF, durante los últimos tres años, el número de casos de abuso sexual y violaciones en las escuelas públicas creció 31%.

La Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la SEP en el Distrito Federal documentó 45 denuncias en 2004.

Para 2008, la SEP responde —en la solicitud vía IFAI 00011000007409— que hubo 59 casos de abuso sexual.

“Sólo dos violaciones”: SEP


Al respecto, la Dirección de Asuntos Jurídicos afirma que “sólo dos de ellos son relativos al delito de violación, ambos cometidos en el nivel bachillerato; uno en abril y otro en mayo”.

Para la SEP, el abuso sexual hacia los estudiantes es todo aquel “delito contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual”, y dentro de esa categoría se incluye el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro y la violación.

La dificultad para obtener cifras al respecto obstaculiza el conocer las verdaderas dimensiones del problema.

EL UNIVERSAL hizo una solicitud a la SEP —a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)— para conocer el número de abusos sexuales que ocurrieron en cada una de las entidades del país, pero la dependencia no las proporcionó. Argumenta que existe autonomía de gestión educativa por parte de los gobiernos estatales, a partir de la descentralización del sistema.

Pero los datos arrojados por la primera Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media Superior encienden focos de alerta. De acuerdo con la SEP, de los 3 millones 700 mil jóvenes que estudian en bachillerato, 1% (5 mil 106) dijo haber sido víctima de violación, pero la mayoría ocultó la agresión. En 204 de esos casos, los estudiantes atribuyeron la violación a maestros.

Maestros que sólo son removidos


Un estudio de Guadalupe Viveros Martínez, investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), señala que en aquella entidad “existe un creciente abuso sexual en contra de los niños en la entidad, pero las denuncias apenas representan 10% de los casos que ocurren”.

En Veracruz, la Sociedad de Padres de Familia de Escuelas Básicas denunció, en el año 2007, a 67 trabajadores, entre ellos administrativos, intendentes y maestros. La Secretaría de Educación siguió proceso en contra de 30 profesores pederastas, pero “los denunciados salieron en libertad”.

Para esa agrupación de padres de familia, las escuelas que se ubican en los municipios de Martínez de la Torre, Veracruz, Poza Rica y la región de Orizaba son consideradas “focos rojos”, por las referencias de casos reportados.

De acuerdo con profesores de la entidad, las “presiones del magisterio” en las regiones de Perote, Orizaba, Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz-Boca del Río han hecho que los maestros acusados sólo sean asignados a otras plazas dentro de la estructura educativa.

Lejos de las consecuencias penales


En el estado de México, la secretaria de Educación, María Guadalupe Monter Flores, señala que las estadísticas ubican a la dependencia en el segundo lugar de denuncias acumuladas —por debajo de las que sumó la Procuraduría de Justicia estatal— por abuso de autoridad y dentro de éstas “las que más preocupan” son las de tipo sexual.

De acuerdo con las cifras de la entidad, el año pasado se registraron cuatro casos de abuso sexual en las escuelas. El que más llamó la atención fue el de 14 niños que sufrieron esa vejación por parte del dueño del kínder “Mónica Pretelini”, ubicado en Toluca.

A pesar de que los padres de familia interpusieron denuncias penales por violación, en la causa 85/09 que se inició en contra de Roberto Sánchez se le acusó de “actos libidinosos”. Durante la investigación, asentada en el Juzgado Primero Penal de Toluca, se le exoneró por el delito de violación equiparada y hace dos semanas obtuvo su libertad, tras depositar una fianza.

En tanto, la Secretaría de Educación estatal canceló la clave del centro de trabajo 15PJN2833K y se cerró el plantel, por lo que el resto de los niños fueron reubicados cerca del lugar.

Examen a los docentes


Frente a esa situación, la titular de la Secretaría, María Guadalupe Monter Flores, señala que la mayoría de los casos de abuso sexual y delitos que se cometen en contra de los niños son básicamente perpetrados por personas que los docentes contratan en las escuelas para desempeñarse como intendentes, veladores y auxiliares. No son docentes, asegura la secretaria, pero son personas que van contratando y lo hacen sin pasar ningún examen o filtro.

En el próximo ciclo escolar, la funcionaria busca establecer lineamientos para que quienes sean contratados en las escuelas cumplan una serie de requisitos y “los directores tengan cuidado a la hora de hacerlo. Sólo de esta manera se podrá ir disminuyendo todas estas situaciones que se dan tan lamentablemente dentro de nuestros planteles”.

No hay celeridad

En septiembre del año pasado, cuando EL UNIVERSAL publicó el primer reporte de la SEP en el que se promedió una denuncia de abuso sexual y maltrato cada dos días de clase, en el primer trimestre de 2008, la entonces secretaria, Josefina Vázquez Mota, anunció que se crearían “talleres de trabajo con maestros y se agilizarán los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas”.

Sin embargo, al solicitar a la dependencia federal información sobre el trabajo relativo al asunto, la dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública no encontró en su interior ninguna instancia de nueva creación para atender las denuncias sobre casos de abuso y seguimiento de los maestros y trabajadores responsables, ni de atención a las víctimas y a sus familiares a nivel nacional.

miércoles, 5 de agosto de 2009

INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA DEBE TENER RANGO CONSTITUCIONAL


Diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron ante la Tercera Comisión Permanente dos iniciativas de ley en materia de infancia: elevar a rango constitucional el reconocimiento al interés superior de la infancia y que el titular del Ejecutivo Federal suscriba el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo.

La legisladora perredista Claudia Cruz Santiago, integrante de la Comisión de Justicia, presentó una iniciativa de ley para que en el nivel básico se imparta una educación de respeto a los derechos humanos; elevar a rango constitucional el reconocimiento al interés superior de la infancia y el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.


También propone la iniciativa establecer en la Carta Magna que las leyes, instituciones y políticas relacionadas con esta población tendrán como principio el interés superior de la infancia, el cual debe fundarse en los principios de la democracia, igualdad, no discriminación, paz y justicia social, así como la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, incluyendo su derecho al desarrollo.

La iniciativa de Cruz Santiago ante la Tercera Comisión Permanente del Congreso de la Unión reforma los Artículos 3, 4 y 73 de la Constitución federal con el propósito de abonar en el camino de la armonización legislativa en pro de los derechos de la infancia mexicana, aseguró.

Ello responde a que México ocupa el segundo lugar del mundo en producción de pornografía infantil, pues entre cinco mil y 80 mil menores de edad son explotados sexualmente en las principales ciudades del país, de acuerdo con la Red de Organizaciones Trabajando para la Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.

Además, México es visto en el ámbito mundial como destino de turismo sexual, lo que afecta a grandes polos del país como Tijuana, Cancún y Acapulco.

Ante ello la legisladora señaló: “Nuestras niñas y niños, al ser sujetos de derecho y en atención a sus condiciones de vulnerabilidad, deben ser prioridad en todo momento y bajo cualquier circunstancia, esto con el propósito de que estén en posibilidades reales de desarrollar sus capacidades de manera sana y adecuada”.

Por ello, afirmó Cruz Santiago, se deben realizar y aprobar las reformas que sean necesarias para proporcionar a las niñas, niños y adolescentes las herramientas indispensables que les brinden una protección y defensa a sus derechos.

CONVENIO 138 DE LA OIT

Por su parte la diputada Irene Aragón Castillo, integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables, presentó un punto de acuerdo para que el titular del Ejecutivo Federal suscriba el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo y acatar las directrices complementarias.

Señaló que es obligación del Estado combatir la pobreza y asegurar niveles de vida e ingresos para que no sea necesario recurrir a la actividad económica de niñas y niños, así como un desarrollo progresivo de la seguridad social, educación e higiene en el trabajo.

También urge, dijo, la inspección para detectar violaciones a la legislación sobre el trabajo de menores de edad, la adopción de medidas para el bienestar familiar y la atención de las necesidades específicas de niñas y niños sin familia y de menores de edad migrantes.

En México se concentra el 50 por ciento del trabajo infantil de América Latina, por lo cual es indispensable para la infancia que sea modificada la edad mínima para laborar, afirmó.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en nuestro país existen cerca de 30 millones de niñas y niños, de los cuales 3.6 millones realiza alguna actividad económica. De estos, 170 mil viven y trabajan en condición de calle.

Por todo lo anterior, se exhorta al Ejecutivo a firmar el Convenio 138 promulgado por la OIT, a fin de que la edad mínima para trabajar sea de 15 años, siendo el Estado quien especifique los tipos de empleo y actividad económica que podrán realizarse.

“ABUSADORES E INTERNET, ¿VAN DE LA MANO?


El grooming de niños por Internet es un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en Internet, consistente en acciones deliberadas por parte de un/a adulto/a de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual, posiblemente por medio de abusos.

“Abusadores e Internet van de la mano. Si no prevenimos, educamos y concientizamos a nuestros niños, los exponemos a ser víctimas de estos delincuentes”.

La violación de una niña de 12 años, quien fue victima de este nuevo delito denominado grooming. El abusador, con una identidad falsa, logró manipularla psicológicamente mediante conversaciones por chat, la sedujo y la citó en una plaza del barrio porteño de Mataderos.

El grooming de niños por Internet es un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en Internet, consistente en acciones deliberadas por parte de un/a adulto/a de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual, posiblemente por medio de abusos.

“Es indispensable que como Estado nos ocupemos de la prevención, educación y concientización de estas nuevas modalidades de abuso, trabajando en conjunto con las familias en el fortalecimiento de los vínculos de confianza con los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, podrán aprovechar al máximo los recursos que brinda la red y ante el menor indicio de un posible abuso sepan protegerse y denunciarlo”, advirtió la legisladora macrista.

Precisamente Rodríguez Araya presentó este año un proyecto de ley que tiene como objetivo prevenir el ciberacoso sexual infantil, a través de un programa que trabaje en la capacitación de adultos y chicos, difundiendo medidas de prevención de esta nueva forma de abuso. El mismo, esta siendo tratado en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura Porteña. “El crecimiento de Internet en los últimos años nos ha traído muchísimos beneficios, transformándose en una herramienta fundamental en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, le ha dado albergue a un sin numero de nuevos delitos, como el grooming”,.

“Como padres y responsables directos, debemos estar alertas y enseñar a los niños el buen uso de los contenidos de Internet, acompañándolos en cada una de sus dudas para que esta útil herramienta no se convierta en una amenaza a futuro”.

miércoles, 22 de julio de 2009

EDUCACION SEXUAL INFANTIL ¿DESDE TEMPRANA EDAD?


Ningún padre puede estar cuidando de sus hijos todos los días, durante cada segundo de sus vidas. Ni puede aislarlo de amigos, la escuela, los vecinos, los conductores del autobús escolar o la vida en general. Pero sí puede enseñarle que hacer y cómo manejar ciertas situaciones conflictivas, así como también diversas maneras de evitar quedar implicado en un problema de abuso sexual.

Por eso, cualquier niño debe ser educado para prevenirse por sí mismo de estas situaciones, y es responsabilidad de todo padre hacerlo, para asegurarle su seguridad física y emocional.

Los abusos sexuales pueden ocurrir con niños de cualquier edad. Existen incluso casos de chicos menores de seis meses que han sido violados por algún conocido de la familia, hasta chicas de diez años que han dado a luz a causa del abuso sexual.

Para que un padre se asegure de que su hijo sea educado apropiadamente con respecto a este flagelo, las charlas al respecto deben comenzar tan temprano como sea posible, es decir a la edad de un año o un año y medio. A esta edad, los nenes son como esponjas, por lo que se les debe enseñar el nombre de cada una de las partes de su cuerpo.

Cuándo el chico se acerca a los tres años, ya puede comenzar a enseñarle cuestiones relacionadas a las partes privadas del cuerpo, así como también su derecho de decir “no” al toque no deseado.

Un chico que es forzado constantemente a besar, abrazar o sentarse en el regazo de alguien, podrá perder la sensación de que el cuerpo es suyo. A menudo sentirán que si ellos deben besar o abrazar a alguna persona, deben también tener que hacer otras cosas para consentir a los demás.

Si un niño hace preguntas acerca de sexo, debe contestárselas sinceramente. No los confunda con ambigüedad ni ignore la pregunta, porque le dará el mensaje de que es vergonzante hablar sobre este tema.

Comenzando una línea abierta de comunicación con su hijo a esta edad de tres o cuatro años, aumentará las oportunidades de que su hijo le hable sobre todos los problemas que podría presentir más adelante. Especialmente, en las situaciones de incesto en la familia, que podrían continuar si el niño las guarda en secreto por temor a hablar sobre las mismas. Teniendo más libertad para hablar sobre sexo, la tendrá también para hablar sobre este tipo de situaciones tan delicadas.

A medida que su hijo crezca, y comience a ir a los hogares de otros compañeros, quizás permaneciendo durante toda la noche, será tiempo de discutir abiertamente los temas de seguridad cuando se está lejos del hogar.

Su hijo debe estar bien enterado de la diferencia entre los toques buenos y los toques malos. Siempre debe preguntarle a su hijo que paso durante su salida, e incentivarlo a discutir cualquier tipo de experiencia, desde las más agradables hasta las más espantosas. (Pregúntele por lo verdaderamente mejor y verdaderamente peor de la salida)

Cerca de los doce años, los chicos y las chicas a menudo comienzan a prestarse atención el uno al otro. La pubertad ha comenzado, y los cambios de sus cuerpos van de la mano con estos cambios. Los chicos de esta edad, a menudo sienten que están exentos de cumplir muchas de las órdenes y regulaciones impuestas por sus padres. Quieren salir “al mundo real” junto con sus amigos y compañeros, sea para dar un paseo en bicicletas o para marcharse un fin de semana a la playa, lejos de la vista de sus padres. Pero es justo en ese momento, donde los jóvenes estarán lejos del cuidado de sus progenitores, por lo que se debe hablar detenidamente y sin tabúes de la seguridad personal y la conducta sexual.

Además, todo padre debe saber donde y con quien está pasando el tiempo su hijo. Cerciórese también que su niño esté con otros pares de su edad. Evite permitirle que permanezca mucho tiempo fuera de los lugares habituales para su edad, cerca de jóvenes más adultos o directamente adultos. Muchos padres se estremecerán de la sola idea de que sus hijos solo piensen acerca de su conducto sexual. Pero se debe admitir que ellos ya han crecido, y que el sexo hoy en día es visto de una forma muy diferente a como se lo veía en el pasado.

Por eso, siéntese y discuta abiertamente sobre el abuso sexual, su diferencia con el sexo gozoso, y lo que esto podría conllevar. Muchos hijos, sí comprenden bien de que se les está hablando, se darán cuanta de que cualquier tipo de forzamiento a la que los someta un hombre, podría ser el principio de un abuso sexual, por lo que sabrán detenerlo a tiempo.

Háblele claramente sobre todos los hechos relacionados a este flagelo. Si tiene miedo de atemorizarlo, o de no explicárselo convenientemente, recurra a su pediatra para que lo ayude en la tarea. Pero asegúrese que ellos estén al tanto de todos los peligros de los “extraños” con los que se vinculen, sobre todo por internet.

Aunque no lo crea, podrá comprobar que existe mucha ignorancia de los chicos con respecto al sexo seguro, ya que los mensajes transmitidos por los medios suelen ser ambiguos, confusos, con mucha liviandad, y sin profundidad. Por eso, en este tiempo, será imprescindible que las líneas de comunicación entre un hijo y un padre estén completamente abiertas, de una forma desinhibida.

Si su hijo parece querer discutir alguna cuestión, pero le cuesta hablar sobre el tema, trate de comprenderlo, pero asegúrese de que sepa que usted está interesado en aclararle todo lo que necesite.

Pasada la edad de los doce años, el chico debe también estar enterado de todo lo referente a la seguridad al tener sexo, ya que a partir de esa edad se dan las primeras relaciones. Fundamentalmente, deben tener en claro como prevenirse de las enfermedades transmitidas sexualmente y de los embarazos no deseados.

Si la escuela tiene un programa de prevención de abuso sexual, y su hijo asiste al mismo, este también será un tiempo oportuno para hablar sobre el problema. Si usted fue abusado cuando era un niño, comuníquele a su hijo todos los detalles que se sienta cómodo de compartir. Sabiendo lo que usted debió atravesar, su hijo será mucho más cuidadoso de sí mismo, y podrá manejarse de forma más adulta.

Una de las cosas más importantes para recordar, es darle a su hijo todo el tiempo que necesite para hablar sobre el tema, tanto para prevenirse como si ya fue víctima de un abuso sexual. Un niño solitario, que no es escuchado en su casa, será un blanco perfecto para cualquier pedófilo.

martes, 21 de julio de 2009

Declaración de Milán Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985


1. A.-Las víctimas de delitos

2. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

3. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

4. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.

5. Acceso a la justicia y trato justo

6. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

7. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

8. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

9. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.
10. Resarcimiento

11. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.

12. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además de otras sanciones penales.

13. En los casos en que se causen daños considerables al medio ambiente, el resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo posible, la rehabilitación del medio ambiente, la reconstrucción de la infraestructura, la reposición de las instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos de reubicación cuando esos daños causen la disgregación de una comunidad.

14. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas.

15. Indemnización

16. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente:

a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves;

b) A la familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización.

17. Se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas. Cuando proceda, también podrán establecerse otros fondos con ese propósito, incluidos los casos en los que el Estado de nacionalidad de la víctima no esté en condiciones de indemnizarla por el daño sufrido.

18. Asistencia

19. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos.

20. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos.

21. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás personal interesado capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida.

22. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debido a factores como los mencionados en el párrafo 3 supra.

23. B.-Las víctimas del abuso de poder

24. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.

25. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios.

26. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18.

27. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan graves abusos de poder político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio.

Unos 450 niños habrían sido víctimas de abuso sexual en la diócesis de Dublín

La diócesis de Dublín confirmó hoy que entre 400 y 450 menores podrían haber sido víctimas de abusos sexuales en sus centros educativos católicos desde 1940.

Sus nombres y los de los religiosos supuestamente implicados en los maltratos están recogidos en un nuevo informe elaborado por la Comisión Investigadora de Abusos contra Menores de la Archidiócesis de Dublín, que está presidida por la juez Yvonne Murphy.

El documento fue entregado hoy al ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern, quien, sin embargo, no lo hará público hasta que consulte con la Fiscalía si su completa divulgación podría afectar los procesos judiciales que se mantienen abiertos contra varios clérigos señalados en el texto.

De los 15 sacerdotes identificados en el informe con nombres y apellidos, 11 ya han sido condenados por cometer abusos sexuales contra menores, mientras que otros cuatro están siendo juzgados en los tribunales y uno de ellos ya se ha declarado culpable de los cargos.

La esperada publicación de este último informe seguirá a la del ya conocido como el “Informe Ryan”, que el pasado mayo reveló que miles de menores fueron objeto de abusos sexuales, físicos y psíquicos durante más de 60 años en instituciones estatales gestionadas por la Iglesia católica irlandesa en toda la isla.

El principal objetivo de la Comisión, establecida en marzo de 2006, es el examen de la respuesta de las autoridades eclesiásticas a las denuncias de abusos sexuales lanzadas contra 46 religiosos en la diócesis de Dublín entre enero de 1975 y abril de 2004.

En este sentido, el informe analiza el papel desarrollado por los 19 obispos que han estado al frente de la diócesis, entre ellos el actual cardenal Desmond Connell, quien retiró el pasado año una acción judicial encaminada a bloquear el acceso de la Comisión a ciertos documentos comprometedores.

Connell, ascendido por el Papa Benedicto XVI a la categoría de purpurado en 2007, había solicitado al Alto Tribunal irlandés una orden que impidiese a la Comisión de Investigación acceder a casi 5.000 archivos.

Al parecer, los archivos secretos contenían parte de la correspondencia mantenida entre el cardenal y los abogados de la diócesis entre 1988 y 2004, en la que se abordan cuestiones legales derivadas de denuncias de abusos sexuales contra menores y sobre las pólizas de seguros contratadas por la diócesis para hacer frente a posibles compensaciones económicas.

La publicación de este último informe estaba prevista para el pasado enero, pero el Gobierno irlandés pidió a la Comisión que lo retrasase para investigar otros supuestos casos ocurridos en la diócesis de Cloyne, en el condado de Cork, al sur de la isla.

Su obispo, John Magee, se vio obligado a abandonar su cargo el pasado marzo después de conocerse que violó las reglas establecidas por la Iglesia para abordar este tipo de asuntos retrasando, por ejemplo, el comienzo de investigaciones sobre supuestos abusos.


lunes, 20 de julio de 2009

ABUSO SEXUAL INFANTIL, ESTADISTICAS EN CENTROAMERICA

Según un estudio realizado sobre tolerancia a la explotación sexual de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana reflejó que el 95% de las 8 mil 767 personas encuestadas reconocen a la explotación sexual como un delito, pero el 24.8% dijo que no haría nada frente a un caso de abuso. El estudio fue realizado por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según la investigación se confirmó que el nivel de tolerancia de la población de la región y del país se mantiene, y que las denuncias hechas por la sociedad son cada vez menos comunes.

“No es suficiente con la Ley, debe haber preocupación por la elaboración de campañas de información que conciencien y sensibilicen a la población general sobre el grado de vulnerabilidad de estos niños, niñas y adolescentes”, establecieron los representantes de la OIT y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Agrega que no hacer nada es la opción de una de cada cuatro personas frente a actos de explotación sexual, mientras el 18% afirmó que denunciaría a la persona menor de edad y el 45% al cliente explotador.

“El que más de una de cuatro personas de la región conozca lugares donde se pague por sexo a personas menores de edad es una situación preocupante”, considero Elías Dinzey, coordinador nacional de la OIT-IPEC.

En el caso dominicano, el 33.4% denunciaría al explotador, el 27.6% a la víctima, el 23.9% no haría nada y el 15.1% hablaría con los padres. Los datos anteriores denotan que una tercera parte de las personas entrevistadas denunciaría al explotador y que más de la mitad elegiría por denunciar a la víctima, no hacer nada o hablar con sus padres.

Ese porcentaje de personas que denunciaría al explotador (33.4%) constituye el más bajo de la región.

“Debemos trabajar unidos para terminar con la tolerancia social a este delito, que se hace tan común que empieza a verse como normal. Debemos dejar de acusar a los menores de edad como los responsables de la seducción, ellos son las víctimas, no hay por qué confundir”, aseguró la representante de Unicef en República Dominicana, Francoise Gruloos Ackermans.

Los lugares donde se practica este tipo de delito recurren a la clandestinidad para poder sostener el negocio. Esto explica que de 2005 a 2008, se experimentara un descenso de 31% a 22% en el número de personas que tienen conocimiento sobre los locales donde los niños, niñas y adolescentes son objeto de explotación sexual.

LA POBREZA PUEDE FAVORECER EL ABUSO SEXUAL INFANTIL.


La violencia sexual se acentúa cuando se da en condiciones de pobreza contra niños porque los pequeños tienen menos elementos para hacerle frente, señaló la académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, Araceli Suárez Herrera.

La especialista indicó que en países como México, no existen instituciones que realicen registros o estudios de alcance nacional que permitan calcular la dimensión y características del maltrato infantil, ni siquiera se sabe cuántos casos se dan en total.

Además, señaló que no se cuenta con leyes que establezcan la obligación de reportar los hechos en los que se presuma la presencia de agravio contra un menor.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), uno de los pocos organismos que realiza este tipo de estudios, calculó que en 2004 se atendieron mil 397 casos de abuso sexual en todo el país, señaló Suárez Herrera.

Los estados con mayor índice fueron Chiapas, 222; Yucatán, 192; Sinaloa, 116; Quintana Roo, 99; Estado de México registró 94, e Hidalgo 69, entre otros.

En ese mismo lapso, dijo, el 50.7 % de las violaciones denunciadas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) correspondieron a menores de entre 12 y 17 años de edad.

En el 60 por ciento de los expedientes, abundó, los agresores eran conocidos o familiares de la víctima, y de ellos, el 85 por ciento eran del sexo masculino.

Suárez Herrera refirió que según datos de la Facultad de Psicología , el 55 por ciento de los casos atendidos en consulta clínica sufrieron agresiones sexuales en promedio a los seis años de edad, y el 86 por ciento de las víctimas fueron niñas.

En cuanto a los agresores, el 51 por ciento era familiar de la víctima. De ese total, 39 por ciento eran hermanos mayores; 26 por ciento tíos; 13 padres biológicos; siete por ciento padrastros; nueve por ciento primos, y seis por ciento, abuelos.

En entrevista para la UNAM, la especialista dijo que el abuso sexual de menores ocurre porque los agresores se percatan que los pequeños carecen de atención y afecto, ven la oportunidad de atacarlos.

"En el aspecto psicoemocional, el acoso se manifiesta en los menores como inseguridad y baja autoestima; sienten temor a denunciar. Experimentan miedo al contacto físico y desconfianza; suelen presentar una actitud sumisa, llanto sin motivo aparente, problemas para relacionarse y dificultad para aceptar elogios", detalló.

En ocasiones, se reflejan hasta la adolescencia o edad adulta, cuando se presentan dificultades para relacionarse con los demás, aguda depresión y, en casos más graves, intentos de suicidio.

No existen síntomas vinculados exclusivamente a las violaciones. Para detectar que un niño ha sido abusado sexualmente, existe una serie de señales de alerta, como la expresión explícita del ultraje, reiteró.

La experta recomendó hablar a los menores de sexo en forma clara y sencilla, así como enseñarlos a respetar su cuerpo y a exigir que los demás también lo hagan. También exhortó a denunciar los casos de abuso.

AUMENTA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN CENTROAMERICA


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El 37.4% de los dominicanos no denunciaría el abuso sexual infantil por desconfianza en el sistema, según revela el estudio “El comercio sexual con personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Segundo estudio de tolerancia social 2008”, presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

De acuerdo con el estudio, el 70% de las personas que abusan o explotan sexual y comercialmente a los niños, niñas y adolescentes son dominicanos.

“El sistema judicial y policial debe garantizar la confidencialidad de la denuncia y la protección de las víctimas, denunciantes y testigos, para lograr que la población general denuncie los delitos de explotación sexual comercial que identifica y no tenga temor a represalias ni desconfianza en que las autoridades actuarán”, explicó Elías Dinzey, coordinador del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).

El estudio, realizado con una muestra de 8 mil 608 personas en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, asegura, además, que el 95% de los entrevistados conoce el delito de explotación sexual infantil, pero sólo lo denunciaría el 28.8 por ciento.

Otras de las problemáticas que impiden a los dominicanos denunciar la explotación sexual son el temor a las represalias y el desinterés frente al problema.

La investigación asegura, también, que uno de los factores que lleva a los padres a exponer a sus hijos a la explotación sexual infantil es la pobreza.

Al presentar el estudio, los realizadores revelaron que no existen estadísticas recientes en relación con el problema del abuso sexual y comercial infantil.

Las cifras más recientes corresponden al año 1993, cuando el número de menores de edad explotados alcanzaba unos 25 mil niños, número que ha crecido considerablemente, según Francoise Gruloos Ackermans, representante de UNICEF.

“Estamos aquí para decirles que el maltrato, el abuso y la explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes es un problema real y ante el cual existen altos niveles de tolerancia en República Dominicana”, afirmó Gruloos Ackermans.

Asimismo, afirmó que actualmente se realizan esfuerzos en las zonas turísticas, así como en algunas rurales con mayor vulnerabilidad ante el problema.